El acuerdo UE-Mercosur permitiría la entrada al mercado de la UE de 190.000 toneladas de azúcar libre de aranceles y con bajos estándares de producción. Este volumen equivale a la producción anual de una fábrica de azúcar de remolacha de la UE. Para los remolacheros comunitarios (CIBE: Comité Internacional de los Cultivadores de Remolacha Europea) y la industria azucarera (CEFS: Comité Europeo de Fabricantes de Azúcar), la entrada de este azúcar equivaldría al cierre de una nueva fábrica, la pérdida de 1.2000 remolacheros y de más de 200 empleos.
Las dos entidades recuerdan que desde el fin de las cuotas de producción en 2017 han cerrado 20 fábricas de azúcar de remolacha en la UE. Además, en el último año, se han cerrado otras cinco plantas en un contexto de precios bajos del azúcar, y enmarcan esta evolución en lo que describen como políticas comunitarias contradictorias que, a su juicio, incrementan la presión sobre el sector.
Reciprocidad de estándares y competitividad a medio plazo
CIBE y CEFS señalan que el acuerdo UE-Mercosur no incorpora requisitos de reciprocidad en los estándares de producción agraria aplicables en los países del Mercosur. Según su valoración, la divergencia existente entre ambas partes en este ámbito pone en riesgo la competitividad y la sostenibilidad del sector europeo en el medio y largo plazo, y responsabilizan de ello a la Comisión Europea y a los Estados miembros.
Otra de las críticas se centra en la salvaguardia prevista, que CIBE y CEFS califican de simbólica y sin relevancia práctica para los operadores. En su opinión, no aportaría una protección efectiva y dejaría al sector expuesto, con riesgo de daños estructurales a largo plazo. Con estos argumentos, CIBE y CEFS reiteran su oposición al acuerdo UE-Mercosur.
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