UPA-UCE Extremadura denuncia el abuso de posición dominante de una parte de las industrias del tomate contratado, al intentar obligar a los productores de tomate y a las OPFH a firmar contratos con precios que ni tan siquiera cubren los costes, saltándose así la Ley de la Cadena Alimentaria. En concreto, se trata de Conesa, Agrat, Transa y Alsat. La organización lamenta el abuso de las industrias, quienes intentan enriquecerse a costa de los productores de tomate extremeños incumpliendo la ley.
Por otro lado, las industrias cooperativas de Extremadura, que suponen alrededor del 50% de la contratación de tomate en la CA, están cerrando contratos con las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) por una media de 150 euros por tonelada.
«Esto demuestra la importancia de las cooperativas, como agricultura organizada que somos, y la necesidad de incrementar el asociacionismo por parte de los agricultores y agricultoras en cooperativas, porque es la única solución para que puedan mejorar su capacidad de negociación y su competitividad en un mercado global cada día más complejo”, ha explicado el presidente del Grupo de Trabajo de Tomate para Industria de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, Juan Francisco Blanco.
Según un informe actualizado de dicho GT, los costes de producción de tomate para industria en Extremadura en 2023 se situaban en 145 €/t, teniendo en cuenta los costes directos e indirectos y que supone un 9,5% más respecto a la campaña anterior.
Las cooperativas y OPFHs asociadas a Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura defienden que el precio que perciba el agricultor por su producción de tomate para industria debe permitirle continuar con el cultivo.
Desde Apag Extremadura Asaja nos parece indecente ofertar un precio de 130 euros por tonelada de tomate, algo que consideran “irrisorio”. En los últimos años se ha venido produciendo un aumento de costes que está perfectamente constatado y registrado para el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, según los propios estudios de cooperativas agroalimentarias. Demandan un mínimo de 153 euros por tonelada el precio del tomate, que sería un precio razonable.
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