Las importaciones de tomate procedentes de Marruecos han superado sistemáticamente los límites establecidos en el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, afectando gravemente a la competitividad de los productores europeos. Desde 2019, Marruecos habría excedido en unas 230.000 toneladas anuales la cuota de 285.000 toneladas de tomate libre de impuestos, a un precio mínimo de 0,46 euros por kilo. Este incumplimiento, según datos de COAG basados en Eurostat, ha causado un fraude fiscal estimado en 71,7 millones de euros durante los últimos cinco años, lo que equivale a unos 14 millones anuales.

El problema se agrava debido a la falta de aranceles adicionales para las exportaciones de tomate procedentes del Sáhara Occidental, que deberían estar sujetas a condiciones más estrictas. Esta situación no solo afecta a la economía de los productores europeos, sino que también representa un caso de competencia desleal que pone en riesgo la sostenibilidad de muchas explotaciones agrarias.

¿Qué piensa hacer COAG?

Ante esta situación, la COAG ha anunciado que emprenderá acciones legales contra los importadores de tomate marroquí, acusándolos de fraude fiscal. Según la organización, las empresas importadoras deberían haber abonado tasas por el excedente de tomate introducido en el mercado europeo, pero esto no ha ocurrido. Además, se critica la inacción tanto de las autoridades europeas como de los ministerios españoles responsables.

COAG señala que durante más de una década ha solicitado aclaraciones a la Comisión Europea y a los ministerios de Agricultura, Economía y Hacienda, sin recibir respuestas satisfactorias. Mientras la Comisión se limita a remitir la responsabilidad a los Estados miembros, las instituciones españolas han ignorado las demandas de transparencia y acción.

La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que declara ilegal el acuerdo de libre comercio entre la UE y Marruecos por incluir territorios del Sáhara Occidental, respalda las reclamaciones de COAG. La organización exige que esta sentencia se aplique de forma inmediata, sin periodos de gracia, y que se eliminen las condiciones preferenciales para las importaciones de tomate marroquí. COAG critica que mantener en vigor un acuerdo declarado ilegal beneficia únicamente a grandes empresas transnacionales, mientras los agricultores europeos siguen enfrentándose a pérdidas económicas y competencia desleal.

Además, COAG insta al gobierno español a adoptar una postura firme en defensa de los productores nacionales, presionando en la UE para anular el acuerdo comercial con Marruecos y proteger las producciones locales. La organización considera que esta es una oportunidad para garantizar un comercio justo y restablecer la equidad en el mercado agrícola europeo.