Antes de la resolución de la reforma de la OCM del olivar, en España se ha dado un duro debate sobre el reparto de las subvenciones y como debía hacerse en el esquema de ayudas de la nueva PAC. Este debate ha enfrentado básicamente los intereses de dos tipos de productores; los más eficaces y de mayor rendimiento por superficie con los productores de bajo rendimiento por hectárea, y dado que estos productores prevalecen en determinadas regiones; los intereses de la primera región productora, Andalucía, frente a los de las demás. Aunque el debate se basa retóricamente en supuestos temas de medio ambiente y carácter social, lo cierto es que se trata meramente de una lucha por el reparto del trozo mayor posible del pastel de los subsidios.
Al haberse aprobado ya la nueva OCM dejando la posibilidad al Estado Miembro de poder aplicar un desacoplamiento desde el 60% al 100%, y no haberse conseguido ningún dinero adicional, este problema de la lucha autonómica por los dineros se recrudece y traslada a España, con posibles implicaciones sobre las políticas agraria y autonómica.
No se sabe aún si la nueva Administración va a refrendar o revocar los acuerdos anteriores sobre si la aplicación de la PAC en España es nacional en el sentido de que es la misma para toda la nación, o si por el contrario va a permitir aplicaciones de la PAC «regionales» distintas para cada Comunidad Autónoma. Hay que recordar que el País vasco y Cataluña ya reclamaron su competencia total en este sentido y su intención de recurrir al Tribunal Constitucional la decisión de la Conferencia Sectorial de que la aplicación de la PAC fuera competencia de la Administración Central.
Según ha quedado la reforma del aceite de oliva, y si se continúa con un aplicación nacional, continuará el debate sobre si se debe aplicar el 60% de desacoplamiento para con el resto favorecer al olivar de bajo, o si por el contrario se debe aplicar un desacoplamiento total, que favorecería a los productores más eficaces en la producción en el periodo de referencia a efectos de las ayudas: Solo hay dos formas de que el dinero quede en la Comunidad Autónoma que lo generó; aplicar el desacoplamiento total, o bien renunciar a la aplicación nacional de la PAC y que cada Comunidad Autónoma gestione totalmente su propio dinero con sus propios criterios.
Las previsibles tensiones del reparto de las ayudas del aceite de oliva podrían hacer que Andalucía se una Cataluña y País Vasco en su reclamación de la desaparición de la política agraria a nivel nacional, algo que sería el fin de l apolítica agraria nacional y del Ministerio de Agricultura y que tendía posibles implicaciones en otras áreas políticas.
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