Una vez decididos en España el nivel de desacoplamiento de las ayudas al aceite de oliva (se mantendrán vinculados al cultivo 103 Meuros de los 1034 asignados al sector) y la renuncia a aplicar las retenciones del artículo 69 (que hubiera permitido financiar acciones en materia de calidad, medio ambiente y comercialización), solo queda pendiente la decisión relativa a la posible puesta en marcha de los programas de operadores oleícolas.

Los programas de operadores oleícolas forman parte de los instrumentos disponibles tras la reforma de la OCM de 2004. Consisten en actuaciones de mejora de la producción y de la comercialización del aceite, con especial acento en la calidad y el medio ambiente, que serían llevadas a cabo por organizaciones de productores, transformadores y comercializadores de aceitunas y aceite. Contarían con financiación del FEOGA, que debe ser acompañada con aportaciones de fondos públicos y privados nacionales. Los fondos comunitarios se nutren con una retención sobre la parte desacoplada de las ayudas, que puede alcanzar, a voluntad de cada Estado miembro, hasta un 10% de los mismos.

En buena medida este instrumento es el sucesor de los antiguos programas de mejora de la calidad (y los más recientes programas de operadores), que eran financiados con un descuento sobre la desaparecida ayuda a la producción. En España han permitido financiar diversas actuaciones, entre las que destaca el control y la lucha contra la mosca del olivo, proyectos de experimentación e investigación, etc. Han permitido movilizar en torno a 14 millones de euros de fondos FEOGA anuales, cifra significativa que exigiría que para mantener un esfuerzo similar se retuviera aproximadamente el 1,5% de la parte desacoplada de las nuevas ayudas.

Lo deseable habría sido que esta decisión se hubiese adoptado ya, pero ha sido imposible por el retraso en la aprobación de los reglamentos comunitarios que regularán estos programas, y que fijarán las condiciones en las que podrán utilizarse estos fondos. La Comisión Europea ha anunciado que someterá un proyecto de norma específica a votación del Comité de Gestión en la segunda quincena de octubre, lo que implica que el reglamento no se publicará antes de finales del mismo mes. En estas condiciones de incertidumbre jurídica resulta difícil adoptar una decisión en España.

En una reunión reciente con las organizaciones agrarias e industriales, representantes del Ministerio de Agricultura informaron sobre la situación, indicando que todas las opciones están abiertas a la espera de que se apruebe el reglamento comunitario. El abanico de posibilidades abarca desde continuar con las grandes líneas de los programas anteriores a la reforma (en particular, lucha contra la mosca y acciones interprofesionales; su puesta en marcha exigiría la aprobación de un Real Decreto una vez publicado el reglamento, para lo que ya se tienen listos posibles borradores por la estrechez de los plazos previstos), hasta la renuncia a aplicar estos programas (para lo que bastaría con una simple notificación a la Comisión Europea, sin que sea necesario ningún desarrollo normativo nacional; en este caso no habría retención, engrosando estos fondos el pago único desconectado de la producción).

Por parte de las organizaciones del sector no se ha producido un pronunciamiento definitivo, más allá del rechazo inicial de varias organizaciones de agricultores a posibles retenciones. Desde otros foros se hace ver que la retención se hace sobre las cuantías que se integrarían en el pago único, es decir, sobre importes que quedan desvinculados del cultivo del olivar, y que por consiguiente los programas de operadores son una vía para conservar fondos comunitarios en el olivar, gestionados por el propio sector en acciones que han venido mostrando su utilidad y su eficacia.