El escenario actual de la seguridad alimentaria de América Latina y el Caribe se caracteriza por una alta volatilidad de los precios de productos básicos, especialmente los alimenticios, observa un documento de la FAO que será presentado a sus países miembros a fines de abril, durante la 31ª Conferencia Regional de la Organización.

“Las crisis del alza de los precios de los alimentos y la desaceleración económica no han hecho otra cosa que agudizar el problema del acceso a la alimentación por parte de los grupos sociales más vulnerables, especialmente los niños, las mujeres y los indígenas, que habitan en áreas rurales o en áreas urbanas marginales,” explicó el Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, José Graziano da Silva.

En términos económicos, se prevé que la recuperación de la crisis sería lenta y gradual, y es probable que deje secuelas perdurables en los países. Al igual que los ingresos de los hogares, los gobiernos atraviesan un período de dificultades para actuar debido a la caída en la producción, en los flujos comerciales y la recaudación fiscal. Paradójicamente, los países más vulnerables y con mayores demandas sociales son precisamente los que tienen menor disponibilidad financiera para el gasto social.

“Ya hay signos de que las economías nacionales se recuperan. Lamentablemente, la recuperación de los índices sociales toma más tiempo que la de los índices económicos”, precisó Graziano.

Este conjunto de factores -inflación, desempleo, disminución de las remesas, altos precios alimentarios- ha reducido los ingresos reales de los segmentos más pobres de la población y han agravado sus dificultades de acceso a una alimentación adecuada.

“Esto puede generar efectos irreversibles para millones de niños y niñas que sufren o están en riesgo de sufrir desnutrición aguda y crónica”, señaló el Representante.

Una nueva agenda de seguridad alimentaria

Los impactos de esta crisis alimentaria no son iguales para todos los países: los más afectados son aquellos más dependientes de importaciones de alimentos y de energía, con altos índices de pobreza y menor demanda por sus exportaciones, y que han recibido menores flujos externos de financiación (remesas, financiamiento y ayuda oficial al desarrollo) a causa de la crisis.