La escasez de fitosanitarios eficaces y el peso de las restricciones regulatorias no es una queja exclusiva del campo europeo. CropLife India, la patronal india que agrupa a 17 empresas del sector —con un 70 % de la cuota de mercado y responsables del 95 % de las moléculas registradas en el país— ha instado al Gobierno indio a actuar ante lo que considera un problema urgente: los agricultores solo tienen acceso a unas 380 materias activas, frente a las cerca de 1.200 disponibles a nivel mundial.
La organización pide que cualquier restricción sobre moléculas ya autorizadas se base en literatura científica contrastada y evalúe también el impacto sobre el agricultor. Junto a ello, reclama una Protección de Datos Regulatorios (RDP) de cinco años: un mecanismo que impide, durante ese plazo, que un competidor reutilice los estudios de seguridad, salud y eficacia que una empresa presenta para registrar un producto, sin haber asumido el coste de generarlos. Es una figura distinta de la patente —que protege la molécula—, ya que la RDP protege específicamente esos datos del registro.
La entidad enmarca la propuesta dentro de los estándares internacionales: China, Indonesia y Malasia ofrecen hasta seis años de protección; Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Tailandia, Brasil y Colombia, hasta diez; Australia, Taiwán y Filipinas, hasta ocho.
“India puede beneficiarse de armonizar su marco con las mejores prácticas globales, ampliar la cesta de opciones del agricultor y reducir la dependencia de un catálogo limitado”, ha señalado Mohan Babu Boppana, vicepresidente de CropLife India y director de operaciones de Bayer CropScience, quien ha recordado que la Unión Europea llega a ofrecer hasta trece años de protección para incentivar el registro de moléculas de bajo impacto ambiental.
CropLife India cifra entre el 10 % y el 35 % la cosecha que los agricultores pierden cada año por plagas y enfermedades, unos daños que valora en cerca de 2 billones de rupias anuales. La patronal reclama además regular la venta de fitosanitarios en plataformas de comercio electrónico, con licencias y trazabilidad digital que impidan la comercialización de productos no autorizados.
Desde BASF Agricultural Solutions India, su director de negocio, Giridhar Ranuva, ha reclamado “un marco integral que renueve y amplíe las soluciones fitosanitarias junto con garantías científicas sólidas”, que ayude a reducir las pérdidas por plagas y mejore la renta de los agricultores.
El reclamo indio no es un caso aislado. En España, organizaciones como UPA vienen denunciando que los agricultores europeos solo pueden emplear unas 400 materias activas frente a las más de 800 disponibles en el mundo, y que la Unión Europea ha retirado 89 sustancias en los últimos seis años y medio. Otras organizaciones agrarias, además de Cooperativas Agro-alimentarias y FEPEX han alertado en términos similares sobre la pérdida de herramientas fitosanitarias y su impacto en la competitividad frente a terceros países.
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