El Ministerio de Agricultura tramita un proyecto de Real Decreto de ayudas a las explotaciones agrarias afectadas por los incendios de 2026 que vincula su concesión a la posesión de una póliza de seguro agrario en vigor. Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha presentado alegaciones en tiempo y forma y critica que el criterio no atienda al daño real sufrido por las explotaciones.

La organización valora que el Gobierno haya puesto en marcha estas ayudas, pero considera equivocada su base: al tratarse de una situación extraordinaria, sostiene que el cálculo debería partir del daño real y no de si la explotación cuenta o no con seguro agrario, ni de qué línea tiene contratada.
Seguro y daño real, dos lógicas distintas
Para la organización, vincular las ayudas —tanto las directas como la subvención de hasta el 70 % de la prima— a la existencia de una póliza en vigor y a que los daños resulten indemnizables por el seguro agrario confunde dos finalidades diferentes. El incremento de la subvención a la prima, argumenta, puede reservarse con justicia a quienes habían contratado un seguro; la ayuda extraordinaria destinada a compensar una emergencia no debería depender exclusivamente del aseguramiento.
La cuestión adquiere especial relevancia en las zonas afectadas por los incendios de 2026, donde hay explotaciones agrícolas, ganaderas, apícolas y forestales con daños efectivos que podrían no quedar cubiertos por el sistema previsto en la norma. Unión de Uniones recuerda el descontento de agricultores y ganaderos con algunas líneas de aseguramiento y la baja contratación en muchas producciones, que atribuye a que el seguro no resulta atractivo. «No es una cuestión de que no queramos asegurar», señalan desde la organización, «es que el seguro no se adapta a nuestras necesidades y en algunos casos es caro y con coberturas deficientes».
Por ello, la entidad propone ampliar el ámbito de las ayudas, calcularlas conforme al daño real acreditado —tomando como referencia costes oficiales y actualizados de reparación o reposición— y garantizar una dotación presupuestaria suficiente que evite reducciones proporcionales.
Un calendario que se queda corto
Entre las alegaciones presentadas al Ministerio figuran otras cuestiones que la organización considera insuficientemente tratadas. Una de ellas es el marco temporal: tal como está redactada la norma, las ayudas solo cubrirían los daños registrados hasta el 7 de septiembre, dejando fuera los que puedan causar los incendios hasta final de año.
La entidad pide además una revisión del presupuesto para que los importes se acerquen más a los daños reales.
Ganado y colmenas sin cobertura
Unión de Uniones ha hecho hincapié en que, tal como están planteadas, las ayudas dejarían fuera a numerosas explotaciones ganaderas de caprino de carne y de leche, ovino, bovino de leche y avicultura de puesta. También quedaría al margen la apicultura trashumante, al regirse únicamente por la ubicación registrada en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) en el momento de publicación del Real Decreto.
«Son muchas las cuestiones que este RD se deja sin abordar y esperamos que el equipo de Planas incorpore las enmiendas que les presentamos, porque si no, estas ayudas se van a quedar más que cojas», afirman desde la organización.





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