Cuatro meses después de la Declaración conjunta que selló el entendimiento entre Bruselas y Washington, el Consejo de la UE ha cerrado el círculo. La adopción formal de dos reglamentos arancelarios completa el proceso legislativo del acuerdo comercial UE–EE. UU. y convierte en derecho aplicable lo que hasta ahora era solo un compromiso político.

Lo que entra en vigor
El primer reglamento elimina los aranceles restantes sobre mercancías industriales estadounidenses y abre el mercado europeo a determinados productos agrarios no sensibles y del sector pesquero de EE. UU. mediante contingentes y tarifas reducidas. El segundo amplía la suspensión de derechos sobre el bogavante —incluido el transformado— con carácter retroactivo desde el 1 de agosto de 2025 y para todos los países bajo trato de nación más favorecida.
La concesión no es unilateral. Ambos textos incorporan mecanismos de salvaguardia que permiten a la Comisión reaccionar con rapidez si las importaciones se disparan y amenazan con dañar a los operadores europeos, o si Washington incumple sus compromisos.
Fecha de caducidad en 2029
El acuerdo no es indefinido. El reglamento principal expira a finales de 2029, y antes del 30 de junio de ese año la Comisión tendrá que presentar una evaluación de su impacto —en flujos comerciales, ingresos arancelarios y efectos sobre las pymes— junto a una propuesta para decidir qué viene después. El del bogavante tiene margen algo mayor: vence el 31 de julio de 2030.
Michael Damianos, ministro chipriota de Energía, Comercio e Industria, que presidía el Consejo, ha resumido así la posición europea: «Estamos a favor de una asociación transatlántica robusta y abierta con nuestro aliado histórico, pero la apertura debe ir acompañada de la salvaguardia de nuestros intereses».
El trasfondo numérico da escala a lo que se está regulando: el comercio de bienes y servicios entre ambos bloques superó en 2025 los 1,7 billones de euros —el doble que hace una década— y las inversiones cruzadas superan los 4,8 billones de euros.






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