La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente ratificó ayer el informe sexenal 2019-2024 sobre el lobo ibérico, que certifica el estado de conservación favorable de la especie en España, un trámite que acumulaba casi un año de retraso para su envío a Bruselas.
El documento, que ahora deberá ser remitido por el Ministerio para la Transición Ecológica a la Comisión Europea, confirma la buena salud de las poblaciones tanto en la región atlántica como en la mediterránea. Desde la Junta de Castilla y León han criticado el bloqueo institucional de este trámite, dado que el informe ya contaba con el visto bueno de la Comisión Estatal desde julio de 2025.
España es el único Estado miembro que no había trasladado aún estos datos oficiales, una omisión que ha motivado la apertura de un procedimiento sancionador por parte de las autoridades comunitarias. La presentación del expediente es una exigencia obligatoria marcada por la Directiva Hábitats.
El coste de la convivencia
El consejero de Agricultura de Castilla y León, Joaquín Antonio Pino, ha exigido al Ejecutivo central la remisión inmediata del documento a Europa. Según la administración autonómica, la gestión de la especie debe ajustarse a la realidad demográfica que refleja el censo nacional para poder blindar la viabilidad de la ganadería extensiva.
La Consejería advierte de que los daños ocasionados por los cánidos crecen por encima del 10 % anual en diferentes territorios. En el caso concreto de Castilla y León, el ejercicio 2025 se cerró con 4.474 ataques registrados, que dejaron cerca de 6.300 cabezas de ganado muertas y supusieron el abono de más de 4 M€ en concepto de indemnizaciones a los productores.
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