La Comisión Europea ha publicado un informe sobre la implantación de la cultura de seguridad alimentaria en la Unión Europea, donde revela que, aunque dos tercios de los Estados miembros realizan controles, evaluar objetivamente este requisito sigue siendo un desafío operativo para los inspectores.
El concepto de cultura de seguridad alimentaria es un requisito legal introducido en la normativa comunitaria de higiene en 2021. Este término engloba los valores, comportamientos y prácticas de comunicación del personal de una empresa, exigiendo un compromiso tanto de la dirección como de los trabajadores para garantizar una producción segura y dotar de recursos adecuados a la manipulación higiénica.
Según el documento elaborado por la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria con datos de 2025, las autoridades competentes verifican activamente estos aspectos en unos dos tercios de los países comunitarios. Por norma general, estas comprobaciones no se realizan de forma aislada, sino que se integran como parte de las inspecciones regulares o auditorías más amplias sobre los sistemas de gestión de los operadores.
Sin embargo, el informe pone de manifiesto que la mayoría de los Estados miembros se enfrentan a obstáculos importantes en su supervisión. Más allá de la falta de recursos de inspección, el principal problema radica en la propia novedad de la norma y en la naturaleza subjetiva del concepto cultural. Ante la ausencia de parámetros fácilmente medibles y de metodologías estandarizadas, resulta complicado para las autoridades evaluar si una cultura empresarial es adecuada de manera objetiva y uniforme en toda la industria.
La ventaja de las grandes corporaciones frente a la norma
El balance de la Comisión muestra también disparidades en el grado de cumplimiento a nivel de establecimiento. Los resultados apuntan a una mejor implantación de estos requisitos normativos en las empresas grandes y medianas. Esta ventaja se vincula a que las corporaciones de mayor tamaño suelen someterse a auditorías privadas de normas comerciales internacionales —como ISO o IFS— que ya evalúan e incluyen exigencias específicas sobre la cultura de seguridad.
Para tratar de superar estas barreras de comprensión y aplicación, aproximadamente la mitad de los países europeos han puesto en marcha iniciativas nacionales de apoyo al sector. En el caso de España, las autoridades han apostado por una estrategia formativa y divulgativa que incluye la elaboración de manuales, la organización de foros específicos y el trabajo en el desarrollo de una herramienta de autoevaluación para ayudar a las empresas a comprobar su cumplimiento.
Con el objetivo de aportar mayor respaldo científico y técnico a estas políticas, la Comisión Europea ha encargado a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) que elabore un dictamen sobre el impacto real de esta cultura en la seguridad microbiológica, al tiempo que sopesa incluir estas verificaciones específicas en el alcance de futuras auditorías oficiales.
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