Pere Puigbert, agricultor dedicado a la venta directa en la comarca del Alt Empordà, ha expuesto públicamente una sanción de 10.000 euros, que finalmente se ha saldado con el pago de 6.000 euros al efectuarse el abono sin derecho a recurso. La penalización responde a la instalación de cinco carteles y dos cajas de manzanas en los márgenes de la vía para señalizar su tienda agraria. Según detalla el productor en sus publicaciones, parte de estos elementos informativos llevaban 15 años colocados sin haber supuesto ningún inconveniente previo para la Administración.

A través de su perfil en la plataforma X, el agricultor ha manifestado su incomprensión ante la medida, señalando los obstáculos que encuentran las iniciativas comerciales en el entorno rural. «No reconozco a mi país, tenemos un gobierno que hace todo lo posible para que no haya iniciativas en zonas rurales», ha lamentado Puigbert en uno de sus mensajes, donde también apunta que en países vecinos como Francia este tipo de promoción a pie de finca está permitida.
Agravio comparativo y soluciones paisajísticas
El hilo de denuncias del productor se centra en la disparidad de criterios que, a su juicio, aplica la actual ley de carreteras. «Lo que no me parece bien es que esta ley absurda sí deje anunciar gasolineras, restaurantes o farmacias a pie de carretera y no deje anunciar una agrobotiga en zona rústica», relata el afectado en sus publicaciones. A esta situación se añade una contradicción técnica en el tramo afectado: Carreteras prohíbe la señalización por considerarlo suelo rústico, mientras que impone limitaciones de velocidad de 50 km/h propias de zonas urbanas.
Respecto a las alternativas ofrecidas por la Administración para legalizar la señalización del negocio, Territori ha planteado una solución que el afectado considera inviable por su impacto ambiental. «La solución propuesta por Territori es que corte todos los árboles que rodean el almacén, árboles que plantamos hace más de 20 años para hacer más bonito el paisaje», explica Puigbert. Según el agricultor, la propuesta administrativa consiste en eliminar esa barrera vegetal para poder colocar un rótulo de grandes dimensiones «tipo Amazon» directamente sobre el tejado de la nave.
Ante lo que considera un despropósito administrativo, el productor cerraba su hilo de denuncia con un mensaje de frustración: «Intentamos promocionar una actividad en un pueblo pequeño para que haya vida y trabajo y no hacen más que poner trabas a todo».
Reacción institucional ante el freno burocrático
Esta queja pública no ha tardado en hacerse viral. La notable oleada de solidaridad generada en redes sociales ha provocado la intervención del conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Oscar Ordeig, quien ha contactado directamente con el productor para abordar el problema.
Ordeig ha manifestado en redes sociales su compromiso para estudiar fórmulas que faciliten la señalización y los accesos a las explotaciones.
«Es necesario impulsar la venta directa, de proximidad, de temporada y de calidad», ha afirmado el titular de Agricultura, asegurando que se trabajará para que la normativa vigente no suponga un freno a la viabilidad de las tiendas agrarias y a la dinamización económica de los municipios pequeños.




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