Una acampada indefinida toma forma ante la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Madrid. La convoca Apag Extremadura Asaja bajo el lema «Contra el atraco del Gobierno al campo» y suma, en su primer día, representantes llegados desde Extremadura, Álava, Burgos y otras comunidades. Los convocantes dejan claro que están dispuestos a quedarse el tiempo que haga falta, y que si no se les permite pernoctar, volverán cada mañana hasta conseguir respuesta.
Insumos, acuerdos comerciales y regulación verde
Detrás de la acampada hay una acumulación de golpes que el sector arrastra desde hace años. El último es el encarecimiento brutal de los insumos. Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja e impulsor de la movilización, lo describe con cifras concretas: antes de la invasión de Ucrania ya habían subido casi un setenta por ciento el gasóleo agrícola y por encima de un setenta por ciento los abonos nitrogenados. El sector exige que el Gobierno asuma ese incremento mediante una reducción extraordinaria mínima del treinta y cinco por ciento en el IRPF, no como solución coyuntural sino estructural. Raúl Beitia Gil, presidente de la Asociación Treviño y Álava por el Campo, reclama un precio fijo para el gasóleo profesional agrícola que acabe con la volatilidad que dispara los costes cada vez que se agita algún frente internacional.
A ese golpe inmediato se suma lo que Metidieri llama la causa de fondo: más de cien mil explotaciones cerradas en los últimos ocho años, y un modelo de relaciones comerciales que el sector considera hostil. Los acuerdos con Mercosur, India y Australia, junto a los pactos bilaterales con Marruecos, están «hundiendo totalmente al sector». La exigencia es clara: reciprocidad real en los acuerdos comerciales, refuerzo de fronteras y garantía de la preferencia comunitaria. La competencia con terceros países que no respetan los mismos estándares productivos ni sociales es imposible, advierten. Y lo que está en juego va más allá del negocio agrícola: «Se está poniendo en riesgo algo tan importante para toda la sociedad como es la soberanía alimentaria».
El rechazo al Pacto Verde Europeo es otro eje de la protesta. David Martínez, presidente de Asaja Burgos, no oculta su escepticismo ante el relato oficial sobre la sostenibilidad: las políticas verdes europeas están «sirviendo para pintar el campo de negro en lugar de verde». Los convocantes rechazan también la reforma de la Política Agraria Común para 2028-2034 tal y como está planteada, y exigen un presupuesto fuerte, independiente y con menos burocracia. Se oponen asimismo a la Ley de Restauración de la Naturaleza, que consideran otra vuelta de tuerca sobre un sector que ya carga con demasiadas restricciones.
Lo que el campo necesita
La viabilidad del campo no depende solo de prohibiciones o gravámenes: también de inversión y protección. Los manifestantes reclaman impulso a nuevos regadíos y mejora de infraestructuras existentes, así como una revisión del Plan Nacional de Sanidad Animal que incluya desarrollo de vacunas eficaces frente a tuberculosis bovina o lengua azul, patologías que siguen causando estragos en la cabaña ganadera española sin respuestas reales de las administraciones.
Todo confluye en una misma demanda que Martínez resume con claridad: «De nada sirve la sostenibilidad si no se sostiene económicamente». Los agricultores y ganaderos llevan demasiado tiempo pagando políticas mientras sus explotaciones pierden viabilidad y la profesión pierde dignidad. Lo que piden no es un trato de favor sino reconocimiento de lo que representan: quienes dan de comer al resto de la sociedad.
La acampada arranca con respaldo de organizaciones de varias provincias y con previsión de que en los próximos días se sumen más agricultores. Los convocantes no ponen fecha de fin.
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