El precio de la carne de cerdo en el supermercado marca su máximo histórico en abril de 2026, mientras el ganadero cobra un 28,9% menos que hace dos años. Así lo refleja el análisis del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) elaborado por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), que detecta una brecha creciente e injustificada entre ambos extremos de la cadena.
En abril de 2024, el precio en origen —lo que recibía el ganadero por kilo de cerdo— era de 1,83 €/kg, frente a los 6,45 €/kg que pagaba el consumidor en el lineal. La diferencia ascendía a 3,52 €/kg, con un margen IPOD del 252%.
Dos años después, los datos han evolucionado de forma opuesta en cada extremo. El ganadero percibe ahora 1,30 €/kg, mientras el consumidor abona 6,90 €/kg, el precio más alto de toda la serie histórica analizada. El diferencial entre granja y supermercado ha escalado hasta los 5,31 €/kg y el margen IPOD se sitúa en el 431%.
Una transferencia de rentas del campo al lineal
Los datos evidencian que la caída del precio en origen no se ha trasladado en ningún momento al consumidor. Mientras el ganadero acumulaba pérdidas a lo largo de 2025 y principios de 2026 —en un contexto de subida de costes agravado, según COAG, por el impacto del conflicto en Irán—, el precio en el supermercado no solo se mantenía sino que seguía subiendo hasta marcar su récord en abril de 2026.
Para la organización, esta evolución supone una transferencia neta de rentas desde el productor hacia la distribución y la industria cárnica: ni el ganadero mejora su posición ni el consumidor se beneficia de una bajada en origen que, a juicio de COAG, debería haberse trasladado al lineal.
En este contexto, la organización reclama al Ministerio de Agricultura, y en particular a su Director General de Alimentación, José Miguel Herrero, la actualización y publicación de los estudios de cadena de valor y costes de los alimentos básicos más consumidos. El último estudio publicado sobre el sector porcino data de 2013. COAG lleva años exigiendo también la recuperación de la publicación oficial de precios origen-destino que el propio ministerio realizaba hasta 2017 a través del Observatorio de la Cadena Alimentaria. El responsable de Cadena Alimentaria de la organización, Andoni García, ha calificado el abandono de esos estudios de «dejación de funciones negligente» por parte del Estado.
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