La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha alertado de una preocupante escalada de robos en instalaciones de riego de la Ribera Alta y l’Horta Sud que está comprometiendo el desarrollo de los cultivos y provocando graves daños estructurales.
Estos actos delictivos se centran en la sustracción de materiales con alta salida en el mercado ilegal, como cobre, baterías, cableado, bombas de extracción y equipos electrónicos. Además, la organización ha detectado un incremento en el robo de combustible, lo que agrava el impacto económico para los profesionales afectados en un momento crítico de la campaña.
Más allá del coste de reposición, la paralización de los sistemas de riego supone una amenaza directa para las cosechas. El colectivo advierte que la interrupción del suministro de agua en etapas clave del desarrollo vegetativo puede derivar en pérdidas productivas irreparables si no se restablece el servicio con rapidez.
El rastro del cobre tras la parálisis del regadío
Según las estimaciones de la entidad, los robos en el sector agrario de la Comunitat Valenciana generan pérdidas anuales cercanas a los 30 M€. Entre los casos más graves destaca el desvalijamiento total de un pozo en Montroi, donde la sustracción del transformador y el cableado ha supuesto un coste de reparación de unos 15.000 €.
La organización apunta a la actuación de grupos organizados que emplean maquinaria y herramientas especializadas para perpetrar los asaltos. Ante este escenario, se recomienda la instalación de sistemas de seguridad y dispositivos de alerta en tiempo real para proteger los elementos más valiosos de las infraestructuras hídricas.
Desde el punto de vista legal, el colectivo reclama una aplicación efectiva de la normativa rural tras las recientes reformas del Código Penal. En este sentido, instan a una mayor coordinación entre los cuerpos de seguridad y la administración de justicia para reforzar la respuesta frente a estos delitos.
El presidente de la entidad, Cristóbal Aguado, ha incidido en que estos incidentes no solo representan un perjuicio económico directo, sino que también conllevan un fuerte impacto moral para los agricultores. La organización insiste en la necesidad de proteger estas infraestructuras estratégicas para garantizar la viabilidad del campo valenciano.
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