El precio del crudo ha superado los 110 € por barril por la escalada de tensión en Oriente Medio, lo que ha llevado al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a auditar las respuestas gubernamentales en todo el mundo. En su análisis, el organismo identifica a España como un caso de estudio representativo de las economías avanzadas que optan por la «amortiguación de precios» (price cushioning).
Esta estrategia se basa en el uso del margen fiscal para absorber el impacto del coste de los insumos antes de que llegue al productor final, una opción que el informe contrapone a los controles administrativos severos aplicados en otras regiones.
El despliegue de ayudas españolas
El informe detalla que la respuesta española se articula a través de un paquete de 5.000 M€ destinado a medidas de alivio inmediato. Estas acciones incluyen rebajas fiscales en la factura eléctrica, recortes en el precio de los carburantes y, de forma específica, subsidios dirigidos a sectores clave como la agricultura y el transporte. Según el PNUD, este despliegue es posible gracias a que las economías de renta alta poseen una profundidad fiscal que les permite evitar el racionamiento, a diferencia de los países de renta baja que ya enfrentan crisis de balanza de pagos.
Amortiguación frente a control administrativo
El PNUD utiliza la comparativa internacional para mostrar las dos caras de la gestión de la crisis. Mientras España aplica rebajas del IVA y ayudas directas, países como India han tenido que recurrir a sus «poderes de emergencia» para priorizar la producción de GLP para hogares, restringiendo el suministro a la industria. Otros ejemplos destacados son Filipinas, que ha suspendido su mercado mayorista de electricidad y activado fondos de emergencia de 20.000 M de pesos, o Bangladesh, que se ha visto obligado a buscar financiación externa masiva para asegurar sus cargamentos de gas licuado.
Esta diferencia en las herramientas disponibles marca, según el estudio, una asimetría global en la resiliencia del sector agroalimentario. El informe advierte de que el éxito de medidas como las españolas depende de su temporalidad; si el choque energético se vuelve persistente, la presión sobre las finanzas públicas podría forzar una transición hacia modelos más restrictivos o hacia la eliminación de las ayudas, lo que provocaría picos de pobreza y tensiones en la cadena de suministro.
El riesgo de la sostenibilidad a largo plazo
A pesar de valorar la capacidad de protección de estas políticas, el PNUD alerta sobre la «trampa» de los subsidios universales. El análisis concluye que las ayudas generales al combustible son regresivas, ya que benefician en mayor medida a las explotaciones o empresas con mayor capacidad de consumo en lugar de a los pequeños productores más vulnerables. Además, el informe sostiene que el mantenimiento de estos subsidios en economías ricas mantiene la demanda global elevada de forma artificial, lo que impide que los precios bajen y castiga indirectamente a los países que no pueden costear estas ayudas.
La recomendación final del organismo para países en la situación de España es evolucionar desde los subsidios generales hacia transferencias monetarias temporales y focalizadas. Este modelo, según las simulaciones del PNUD, permitiría neutralizar el impacto de la inflación alimentaria y energética de forma más eficiente, protegiendo la viabilidad de las explotaciones agrarias sin comprometer la estabilidad fiscal del Estado ni distorsionar los mercados internacionales de energía.
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