La organización agraria Unións Agrarias (UUAA) ha alertado sobre la crítica situación de los productores lácteos gallegos debido a una drástica bajada de precios impuesta por la industria. Según el colectivo, las empresas están aplicando reducciones de 8 céntimos por litro en los nuevos contratos, lo que supone una pérdida de unos 27.000 euros anuales para una explotación media.

Pérdidas millonarias y brecha territorial
Esta caída de ingresos coincide con un encarecimiento de los costes de producción derivado del conflicto en Irán, que ha elevado el precio del diésel un 45 % y el de los fertilizantes un 30 %. UUAA estima que el impacto total para el sector gallego superará los 186 millones de euros, lo que se traduce en una pérdida media de 38.000 euros para cada una de las 4.893 explotaciones que aún permanecen activas en la comunidad.
La organización destaca que Galicia está perdiendo posiciones en el ranking nacional de precios. Actualmente, los ganaderos gallegos perciben un 13,5 % menos que los de Castilla y León y un 24,3 % menos que los de Asturias. Esta brecha sitúa a la comunidad en la cola de la cadena de producción estatal, con un desajuste del 4,2 % respecto al precio medio pagado en el resto de España.
Unións Agrarias ha denunciado ante la AICA y la Fiscalía la posible existencia de un «nuevo y sofisticado cártel de la leche». Aseguran que las industrias podrían estar realizando prácticas ilegales de fijación de precios y forzando la firma de contratos bajo presión. La entidad sostiene que estas maniobras violan la Ley de la Cadena Alimentaria, que prohíbe pagar por debajo de los costes de producción, los cuales han subido 6 céntimos por litro.
Asimismo, la organización ha solicitado la intervención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la entrada masiva de cisternas de leche de Francia y Portugal a precios que califican de «abusivos». Denuncian importaciones de leche a precios de entre 10 y 12 céntimos por litro, muy por debajo de los costes reales, lo que genera un «efecto contagio» que hunde el mercado local y constituye un fraude para los consumidores.
Ante esta situación, el colectivo insta a la Xunta de Galicia y al Ministerio de Agricultura a tomar medidas contundentes. La organización considera inaceptable que las queserías bajen los precios a los ganaderos cuando no se ha producido una reducción equivalente en el precio de venta al público, amenazando la viabilidad de un pilar económico fundamental para Galicia.





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