Organizaciones agrarias de Granada y Ciudad Real han unido sus voces para denunciar el «agravio comparativo» y el «silencio» administrativo tras los daños provocados por el tren de borrascas de febrero. Mientras en Granada la Comisión de Seguimiento amenaza con retomar las movilizaciones ante la falta de avances, en Ciudad Real, ASAJA tilda de «incongruente e injusta» la exclusión de una provincia situada geográficamente entre zonas ya indemnizadas.
En la provincia granadina, la Comisión formada por ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias critica que, tras un mes de tregua para evitar protestas, la Administración no ha publicado la ampliación del decreto. Se estima que 20.000 profesionales de comarcas como Guadix, Baza o la Alpujarra siguen fuera de las ayudas, a pesar de que los informes técnicos demuestran daños superiores al 30 % en sus explotaciones.
Por su parte, ASAJA Ciudad Real reclama al Gobierno que la «puerta abierta» a ampliar las zonas beneficiarias incluya urgentemente al campo ciudadrealeño. La organización destaca el absurdo de que agricultores con fincas repartidas entre Ciudad Real y Andalucía o Extremadura cobren indemnizaciones por una parte de sus tierras, mientras que las parcelas situadas en Castilla-La Mancha quedan excluidas por una mera cuestión de fronteras administrativas.
La indignación del sector se acrecienta por el cambio en los requisitos de acceso. Según denuncian en Granada, ahora se exige a los beneficiarios una declaración responsable que certifique que los daños superan la cuantía de la ayuda, un trámite que no estaba previsto inicialmente. Esta burocratización, sumada a la falta de respuesta a las solicitudes de reunión con el Ministerio, ha generado una sensación de «indefensión» entre los afectados.
Las organizaciones de ambos territorios coinciden en que el impacto de los temporales en cultivos e infraestructuras no entiende de límites geográficos. En Granada, el sector ya valora la presentación masiva de recursos de alzada y la reactivación de las protestas, dado que el compromiso de que los fondos llegaran antes de la campaña de la Renta parece cada vez más difícil de cumplir ante el mutismo institucional.
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