El aumento de la población de jabalí en España está elevando los daños en cultivos, la siniestralidad en carretera y la preocupación por su papel como transmisor de enfermedades, incluida la peste porcina africana (PPA) en su propia especie y zoonosis asociadas al consumo de carne o al contacto, como triquinosis, hepatitis E o salmonella. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) vincula esta situación a una falta de control eficaz por parte de las administraciones competentes en medio ambiente.
Según un informe de COAG elaborado a partir de datos de la Fundación Artemisan, el número de jabalíes habría aumentado un 550% en tres décadas, al pasar de unos 200.000 ejemplares en 1990 a 1,3M en 2024. La organización entiende que este crecimiento explica el impacto creciente sobre el territorio y considera que no responde a un fenómeno puntual, sino a un problema de gestión sostenido en el tiempo.
Accidentes, daños agrarios y riesgos sanitarios
COAG Castilla y León aporta además datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) que sitúan al jabalí como el segundo animal que más accidentes provoca en las carreteras de la comunidad, solo por detrás del corzo. En 2024, se registraron casi 3.500 siniestros con jabalí, frente a cerca de 6.500 con corzo, pero con un balance de heridos muy similar: 34 heridos en el caso del jabalí y 36 en el del corzo, pese a producirse con aproximadamente la mitad de accidentes. En el conjunto de España, COAG señala que el jabalí concentra el 45% de los accidentes de tráfico con animales, según un ranking elaborado por la Fundación AXA y la Fundación Ponle Freno, en el que Castilla y León aparece entre las comunidades más afectadas, por detrás de Galicia y Cataluña, con Burgos como la provincia con mayor incidencia.
En el ámbito agrario, la organización insiste en que las explotaciones sufren daños recurrentes y cita como cultivos especialmente afectados trigo, patata, cebada, maíz, remolacha o girasol, con mayor incidencia en primavera y verano. A este impacto se suma el componente sanitario: COAG recuerda que la fauna silvestre puede actuar como reservorio y vehículo de patógenos, y menciona un estudio de la Universidad de Castilla-La Mancha que apunta a posibles transmisiones a humanos de virus como hepatitis E, encefalitis japonesa o nipah, y bacterias como salmonella, escherichia coli, campylobacter o leptospira, si bien el propio trabajo matiza que se trata de situaciones muy particulares. En el caso del porcino, la PPA se señala como uno de los riesgos con mayor capacidad de impacto sobre el sector.
En este contexto, COAG valora las medidas de control cinegético acordadas por la Junta de Castilla y León, pero considera que resultan insuficientes para la dimensión del problema y apunta que podrían haberse complementado con incentivos económicos a las extracciones, como se ha aplicado en comunidades limítrofes. La organización sostiene que la caza deportiva no basta y reclama un plan continuado, coordinado y financiado por las administraciones con competencias medioambientales, basado en actuaciones profesionales de control de fauna y extensible también a otras especies, como cérvidos y lobos.
COAG enmarca esta petición en el peso del porcino en Castilla y León, comunidad que sitúa cerca de 4,7M de cabezas, con la tercera posición en producción, un 17% de la producción agraria regional valorada en 2.400M€ y un 13% del total de las exportaciones agroalimentarias, por lo que vincula el control de poblaciones silvestres a la protección de la actividad ganadera y a la reducción de riesgos en campo y carretera.
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