La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha iniciado la organización de un grupo de agricultores afectados por la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de declarar parte de sus parcelas como Dominio Público Hidráulico (DPH), a raíz de los daños sufridos en la riada del 29 de octubre. Esta medida podría suponer la pérdida de derechos sobre terrenos colindantes con cauces públicos sin que se contemple una compensación adecuada.
El objetivo del colectivo es agrupar a los damnificados, proporcionarles asesoramiento técnico y jurídico personalizado, y coordinar acciones conjuntas para defender sus derechos. AVA-ASAJA ya ha comenzado a informar a los agricultores para que puedan verificar si sus terrenos se encuentran dentro de los nuevos límites establecidos por el Ministerio.
La organización agraria no se opone a la nueva delimitación si esta se realiza con transparencia y garantías, y si va acompañada de indemnizaciones acordes con el valor real del suelo agrícola. Entiende que la mejora de las infraestructuras hidráulicas puede ser una prioridad, pero rechaza firmemente la gestión actual del proceso.
Según ha informado AVA-ASAJA, el Ministerio de Agricultura sí ha reconocido la necesidad de compensar los daños de la DANA, planteando una ayuda de 11.800 €/ha (menos de 1.000 €/hanegada), una cifra que la organización considera insuficiente para cubrir el valor de las tierras agrícolas afectadas.
En cambio, el Ministerio para la Transición Ecológica no ha ofrecido ninguna fórmula de expropiación ni procedimiento similar que garantice una compensación justa por la pérdida de propiedad. Desde AVA-ASAJA se recuerda que la responsabilidad de la Administración en el agravamiento de los daños no puede ignorarse, debido al deficiente mantenimiento de barrancos y a la falta de obras hidráulicas preventivas.
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, advierte que “no se puede castigar dos veces al agricultor: primero con una catástrofe natural que arrasa sus campos y después con una declaración de dominio público que le arrebata su tierra sin una compensación justa”. La organización reclama una respuesta inmediata y proporcionada que reconozca la situación crítica del sector agrario.
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