La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha alertado sobre un grave desfase entre el precio en origen del aceite de oliva virgen extra (AOVE) y el valor que, de acuerdo con las condiciones actuales del mercado, debería alcanzar. Según un estudio elaborado por expertos de la Universidad de Jaén, la Universidad de Córdoba y el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA), el precio medio actual, que ronda los 3,5 €/kg, se sitúa al menos 2 €/kg por debajo de los niveles estimados.
El informe, encargado por COAG en el marco del Consejo Provincial del Aceite de Oliva de la Diputación de Jaén, forma parte del desarrollo de un software de detección de desequilibrios de mercado en el sector oleícola. Según las previsiones basadas en los datos de la campaña 2023/2024 y los aforos de la 2024/2025, el precio del AOVE en origen debería situarse entre 5,55 y 6,14 €/kg, dependiendo de si la producción final alcanza 1,5 o 1,29 millones de toneladas.
Desde el inicio de la campaña en octubre hasta marzo, el aceite de oliva ha mantenido una media de precio en origen de 4,49 €/kg, un euro por debajo del valor estimado, lo que ha supuesto que los olivareros hayan dejado de percibir 626 millones de euros. Con el precio actual de 3,5 €/kg, de mantenerse esta tendencia, se calcula que las pérdidas para el conjunto del sector podrían ascender a 2.800 millones de euros en esta campaña, lo que equivale a 260 millones de euros mensuales o más de 8,6 millones de euros diarios.
COAG denuncia que no se están respetando las reglas básicas de la oferta y la demanda y se cuestiona la existencia de posibles acuerdos comerciales o prácticas desleales que estarían forzando artificialmente la caída de precios, en claro perjuicio de los productores.
Ante esta situación, COAG ha anunciado que el próximo 13 de mayo presentará una denuncia formal ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para solicitar una investigación urgente que esclarezca si se están produciendo prácticas que vulneren la ley de la cadena alimentaria y afecten a la viabilidad económica de los olivareros. Desde la organización se exige transparencia y justicia en los precios, advirtiendo que no permanecerán de brazos cruzados mientras persista un modelo especulativo que infravalora sistemáticamente el trabajo en el campo.
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