La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria ha enviado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) los informes que justifican la necesidad de realizar controles poblacionales del lobo en la Sierra de El Caballar y la Costa Occidental de la Comunidad Autónoma.

Municipios afectados y justificación del control

Según ha informado la Consejería, estos informes afectan a los municipios de Santa María de Cayón, Castañeda, Villafufre, Val de San Vicente y San Vicente de la Barquera. La documentación remitida argumenta la pertinencia de estos controles, basándose en datos aportados por la Dirección General de Montes y Biodiversidad.

El informe sostiene que «no existe alternativa satisfactoria al control poblacional de la especie en ambas zonas», ya que la dispersión de ejemplares jóvenes hacia sectores con escasa ganadería extensiva y menor disponibilidad de presas silvestres podría generar nuevos conflictos de gestión aún más graves.

Evaluación del MITECO y postura de la Consejería

El MITECO dispone ahora de un plazo de 10 días para emitir un informe sobre el impacto de estos controles en el estado de conservación del lobo a nivel estatal. No obstante, la Consejería ha recordado que este informe no es vinculante y ha manifestado su disposición a rebatir cualquier objeción contraria a la realización de los controles, que considera «imprescindibles, justificados y conformes a la normativa en vigor».

Según los datos del censo de lobo en Cantabria recientemente finalizado, la Consejería sostiene que la población de la especie en la región se encuentra «en un estado de conservación favorable». En este sentido, argumenta que el control planteado «no afectará al mantenimiento del estado de conservación del lobo ni a nivel regional ni nacional».

Impacto en el medio rural y proceso de autorización

La Consejería justifica la necesidad de estos controles a pesar de los perjuicios económicos para las explotaciones afectadas, subrayando que las zonas donde se han producido los ataques «no son adecuadas para el mantenimiento de una población de lobo». Se advierte que la permanencia de la especie en estas áreas podría generar mayores tensiones en la biodiversidad y el medio natural que las derivadas de la extracción controlada de un número limitado de ejemplares.

Transcurrido el plazo de 10 días, la propuesta de resolución que autorice el control será sometida a un trámite de información pública por otro periodo de 10 días. Finalizado este proceso, la Dirección General de Montes y Biodiversidad dictará la resolución correspondiente para la ejecución de los controles.

Documentación aportada

La solicitud remitida al MITECO está respaldada por diversos informes y documentos que justifican la necesidad de estos controles, entre ellos:

• Informe de la Dirección General de Montes y Biodiversidad.
• Informe de los técnicos del Grupo TRAGSA, que colaboran en el plan de gestión del lobo en Cantabria.
• Informe del Servicio de Conservación de la Naturaleza sobre el control poblacional propuesto.
• Censo ganadero de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
• Registro de daños provocados por el lobo en Cantabria durante 2024.
• Plano de localización de los ataques registrados en las zonas donde se plantea el control.
• Informe final sobre la población del lobo en Cantabria para el Censo Nacional 2022-2024.
• Informe sexenal 2019-2024 del lobo (Canis lupus) en Cantabria, en cumplimiento de la Directiva Hábitats.

La Consejería ha señalado que continuará promoviendo la autorización de todos los controles de lobo que sean necesarios y justificados según la normativa vigente. Además, ha insistido en que el objetivo final debe ser la salida del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), al considerar que su inclusión no se ajusta a la situación real de la especie en España.