Los viticultores comunitarios reciben alrededor de 500 millones de euros al año de fondos de la UE para reestructurar sus viñedos y ser más competitivos. Desde 2016, también han podido pedir autorización para plantar más vides. El objetivo es permitir un crecimiento controlado de la producción potencial (hasta un incremento máximo anual del 1 %) y evitar el exceso de oferta.

El Tribunal de Cuentas considera que, a pesar de la importante cantidad de fondos afectados, la política vitivinícola de la UE ha hecho poco por el medio ambiente. La medida de reestructuración tiene escaso objetivo ecológico, incluso, podrían provocar el efecto contrario, como el cambio a variedades de uva que necesitan más agua. Del mismo modo, el incremento anual del 1 % en superficies de viñedo, prorrogado 15 años más (hasta 2045), nunca se ha evaluado desde el punto de vista medioambiental.

Las perspectivas no son mucho más halagüeñas: en la nueva PAC, la ambición medioambiental para el sector vitivinícola sigue siendo limitada, señalan desde el Tribunal. Anteriormente, los auditores de la UE recomendaron que los pagos a los agricultores, incluidos los realizados a los viticultores, se vincularan explícitamente con los requisitos medioambientales. Pero en la nueva PAC se han eliminado esas condiciones para financiar la reestructuración.

Asimismo, los países de la UE tendrán que utilizar tan solo un mínimo del 5 % del dinero asignado al sector vitivinícola para acciones relacionadas con el cambio climático, el medio ambiente y la sostenibilidad. Los auditores consideran que esta cifra del 5 % es bastante baja, teniendo en cuenta que, en el marco de una PAC más ecológica, se espera que el 40 % de todo el gasto agrícola se destine a objetivos relacionados con el clima.

La política de la UE tampoco ha dado buenos resultados en el aumento de la competitividad de los viticultores. En los cinco países auditados, los proyectos se financian independientemente de su contenido u ambición, y sin tener en cuenta ningún criterio para aumentar la competitividad. También se financian cambios no estructurales en viñedos o renovaciones normales de estos, a pesar de que esas medidas no son subvencionables.

Asimismo, los beneficiarios no están obligados a comunicar cómo mejoró su competitividad gracias a la reestructuración. Además, ni la Comisión Europea ni los Estados miembros evalúan la manera en que los proyectos financiados ayudan realmente a aumentar la competitividad de los viticultores.

Lo mismo sucede con el régimen de autorización de plantación. Por un lado, se propuso y aprobó el porcentaje máximo del 1 % de aumento anual sin justificación alguna y sin analizar si era adecuado y pertinente. Por otro lado, al conceder esas autorizaciones solo se emplean unos pocos criterios de subvencionabilidad y prioridad vinculados a la competitividad.

La UE es el principal productor, consumidor y exportador de vino del mundo. En 2020, había 2,2 millones de explotaciones vitivinícolas en la UE y los viñedos cubrían en torno al 2 % de la superficie agrícola utilizada de la Unión. Aproximadamente el 80 % del vino producido en la UE procede de Italia, Francia y España.