Hace unos días, la Consejería de Agricultura de La Rioja presentó los resultados del Plan del Control de la Ley de la Cadena Alimentaria. La organización agraria la UAGR-COAG cuestiona que la inspección de oficio de 2022, realizada durante los meses de agosto o noviembre, se hiciera exclusivamente a operaciones realizadas en la vendimia de 2021, lo que permite a los investigados adaptar sus contratos al cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.
Además, la UAGR cuestiona el resultado dado a varios de los expedientes, ya que a juicio del sindicato no son conformes a la Ley de la Cadena Alimentaria. Algunos de ellos corresponden a operaciones de venta de vino a granel sin el contrato obligatorio entre dos empresas vinculadas al mismo propietario. La “Autoridad de Ejecución” ha traslado una consulta a la AICA (Agencia de Información y Control Agroalimentarios) para que aclare la legalidad de estas operaciones. Pero la UAGR entiende que siempre que se trate de una relación comercial (con emisión de factura y pago), y no de un movimiento interno, aun tratándose de empresas vinculadas, ha de firmarse el pertinente contrato, por lo que en lugar de consultar a la AICA se debe iniciar un procedimiento sancionador.
Otros casos son los contratos detectados con precios de compra de uva muy por debajo de los costes medios publicados por el Observatorio de Precios de la Consejería de Agricultura para la campaña 2021 (0,67 euros/kilo para uva tinta en vaso y 0,68 para uva tinta en espaldera). Ante esta situación, con operaciones de hasta un 26% por debajo de la media de los costes de producción, la UAGR entiende que la “Autoridad de Ejecución” debe continuar con estos expedientes para evaluar que se cubran los “costes efectivos de producción” de los viticultores afectados.
Aun estando el contrato correctamente firmado, o incluso con la correspondiente cláusula de que “el precio cubre los costes de producción”, la falta de poder negociador por parte del productor y la posición de dominio en las relaciones comerciales de la industria transformadora han de ser vigiladas, controladas y, en su caso, sancionadas por parte de las autoridades competentes. La Unión insta a que en estos expedientes se soliciten los diferentes gastos de producción soportados en las explotaciones implicadas, para verificar correctamente que el precio ofertado cubre los costes efectivos de producción (siguiendo la metodología del Observatorio de Precios de la propia Consejería).
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