La Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León ha elaborado un proyecto de orden por la que se van a regular las ayudas agroambientales del Plan Estratégico de la PAC para España para el periodo 2023-2027, que ha remitido a las organizaciones profesionales agrarias. Este proyecto de orden incluye, entre otras, la ayuda por la “gestión sostenible de superficies forrajeras pastables y apoyo a sistemas tradicionales de pastoreo trashumante”, de la que se pueden beneficiar ganaderos de ovino, caprino, vacuno y equino.

Para ser beneficiario de estas ayudas hay que reunir unas condiciones de admisibilidad y cumplir unos compromisos medioambientales y climáticos. A cambio, se percibe una ayuda de hasta 50 euros por hectárea de pastos, acogida a la medida, sobre la que se aplica degresividad, y que se incrementará en un 20% si el beneficiario se acoge a compromisos voluntarios, como la práctica de la trashumancia, o la protección de los rebaños con mastines.

Al margen de otros aspectos de la futura norma, difíciles de cumplir por los posibles beneficiarios, ASAJA critica que se excluyan expresamente los pastos de uso en común, es decir, los que son titularidad de las juntas vecinales y de los ayuntamientos. Esta medida, decidida por la Junta, que no responde a ninguna directriz ni de Europa ni del ministerio de Agricultura, es responsable de que una buena parte de los ganaderos de Castilla y León, y en todo caso la práctica totalidad de los ganaderos de provincias como León, pero también de otras provincias de la Comunidad Autónoma, en especial toda la periferia, no puedan acogerse a esta ayuda que fomenta la ganadería extensiva en zonas desfavorecidas de montaña.

ASAJA hace un llamamiento a la consejería de Agricultura para que los pastos comunales se incluyan en las ayudas agroambientales.