ARAG-ASAJA ha confirmado que el viticultor perdió dinero en la campaña 2020 tras conocer los datos hechos públicos por la Consejería de Agricultura sobre el precio percibido por el agricultor durante la pasada campaña.
En concreto, y según los datos del Área de Estadística de la Consejería recogidos en su último boletín semanal del Observatorio de Precios, el precio de las uvas de la pasada cosecha fue inferior a lo que cuesta producirlas, tras cifrar en 67,83 céntimos el coste de producción de un kilo de uva tinta en vaso y 63,32 el dinero percibido por el viticultor; mientras que en el caso de las blancas en vaso el mismo kilo tuvo un coste de 56,72 céntimos y el precio percibido fue de 51,93 céntimos.
Unos datos, que para ARAG-ASAJA, demuestran que “tenían razón cuando no les salían las cuentas con la horquilla de precios que Agricultura avanzó” ya que “las cifras finales evidencian que la realidad de la media de las operaciones de uva de la pasada campaña se situó por debajo de los costes de producción”.
“Lamentablemente lo que en líneas generales concluye la actualización de estos datos es que el viticultor ha sido quién más ha sufrido la crisis del Covid-19 ya que se ha demostrado la falta de proporcionalidad que existió el año pasado entre la caída de ventas y el precio de la uva que han cobrado los viticultores de Rioja”.
Una situación “inadmisible” que la organización viene alertando y denunciando y por la que una vez más solicita a las administraciones públicas implicación para que velen por la efectividad y el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, cuya reforma actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria.
En este sentido, ARAG-ASAJA ha advertido al sector de que “es el momento de cumplir la Ley Alimentaria para generar valor y proteger al eslabón más débil de la cadena, que siempre es el que ha sufrido los vaivenes del mercado, de forma que tenga una justa retribución por lo que produce”.
Reforma Ley Cadena Alimentaria
Cabe recordar que la reforma de la ley de la Cadena Alimentaria permitirá incorporar al derecho español la Directiva 2019/633 de la Unión Europea sobre prácticas comerciales desleales que contempla entre sus principales objetivos blindar los costes de producción, impedir banalizar el producto con determinadas promociones y dotar de herramientas eficaces al eslabón más débil para una negociación en igualdad de condiciones.
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