El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, auguró ayer que “en 4 o 5 años” ya no habrá despoblación en las zonas rurales de la Comunidad autónoma gracias a las medidas que está impulsando el Gobierno regional para acabar con esta problemática.
Entre ellas, se ha referido a la futura Ley del Suelo, que “dentro de poco” comenzará su tramitación en el Parlamento y permitirá construir en las zonas rurales y en las “corolas” de los núcleos urbanos; los incentivos fiscales que ya se aplican en los municipios de mayor riesgo de despoblamiento; la extensión de la banda ancha de Internet, que llegará “en un año” al 100% del territorio, o la propia pandemia de la Covid-19, que está provocando un “cambio de percepción” entre los ciudadanos respecto a la vida en los pueblos.
A este paquete de actuaciones se suman otras iniciativas como el programa de inversiones para la realización de obras municipales, dotado con 27 millones de euros y que contempla un reparto de financiación del 80% y del 20%, respectivamente, para el Gobierno y los ayuntamientos de los 39 municipios declarados en riesgo severo despoblamiento; el arreglo de caminos y pistas rurales, el impulso a la administración electrónica en el ámbito local, la rebaja de las ratios docentes a 10 alumnos por profesor en estos entornos (la media de Cantabria es de 18) y la garantía de unas buenas comunicaciones viarias y de una amplia red de centros educativos y sanitarios en toda la geografía regional.
“Son medidas tendentes a que dentro de 4 o 5 años no haya ningún ayuntamiento que pierda población. Muy al contrario, que la ganen, porque no hay ningún motivo para no vivir en los pueblos de Cantabria, teniendo todos los instrumentos que el Gobierno está poniendo en marcha”, ha dicho Revilla al término de la reunión del Consejo Asesor para la Lucha contra el Despoblamiento de los Municipios de Cantabria.
El presidente ha subrayado que Cantabria está pasando “de las palabras a los hechos” en materia de despoblación con la adopción de “medidas muy importantes” que van a revertir la tendencia de pérdida poblacional de los últimos años. “Va a haber un antes y un después”, ha añadido, gracias también a la revalorización de las zonas rurales que ha traído consigo el coronavirus.
Muchos propietarios de terrenos rústicos de protección especial necesitan que se les permita construir algo (casa y/o negocio) en sus fincas, para ellos o quizá mayormente para sus hijos.
En muchos casos no consideran justificada la calificación de sus suelos como rústicos de protección especial, al menos los de protección especial agropecuaria, y que se reserve tanto suelo rústico para un uso que seguramente nunca volverán a tener y que podrían ayudar mucho si se les dejara construir.
A veces esos terrenos rústicos de especial protección están, para colmo, muy cerca de suelo urbano, incluso ya construido, con sus chalés y buena carretera.
Necesitamos que permitan construir en más suelos rústicos, no sólo en las corolas; que se cambie la calificación de muchos suelos rústicos de protección especial a rústicos ordinarios como mínimo y, con ello, se pueda construir algo al menos.
No es para especular. Es para vivir simplemente. En algunos casos, para trabajar.
No vamos a empeorar el ambiente, lo vamos a mantener más limpio.
No tenemos por qué comprar una casa vieja y rehabilitarla, cuando tenemos terrenos donde construir. Queremos construir en nuestras fincas, no rehabilitar las de otros. Y en muchos casos no hay rehabilitación que las deje como hoy debe ser una vivienda.
No tenemos por qué comprar un suelo urbano a otro, aparte de que hay pocos y/o caros y muchos no cumplen exigencias de distancias, superficie, etc., o simplemente no gustan. Queremos construir en los nuestros.
Habría más trabajo, más negocios y servicios en los pueblos; menos bardales, zarzas y plumeros, menos riesgos de incendios.
Habría menos riesgo de contagios en casos de pandemia como la actual.
No queremos vivir a gusto de otro, sino al nuestro.
En el blog edecofir.blogspot.com se defiende el derecho a construir en fincas rústicas.