Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León, las cuatro comunidades autónomas que gestionan a través de sus respectivos planes de gestión las poblaciones más numerosas de lobo ibérico de toda España, han logrado paralizar la propuesta del Ministerio de Transición y Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) de incluir al lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).
El Grupo de Trabajo del Lobo, conformado por técnicos del MITECO y de las comunidades autónomas, tenía previsto abordar en su reunión de la pasada semana el borrador de ‘Estrategia para la conservación y gestión del lobo en España’ elaborado por el Ministerio que dirige Teresa Ribera para su debate y que ya determinaba la inclusión del lobo en el LESPRE, pero las cuatro comunidades autónomas del Noroeste solicitaron que se retirara del orden del día, con el apoyo del resto de los representantes autonómicos.
Una petición que fue aceptada por el Grupo de Trabajo, que ha tomado la decisión de elaborar un nuevo texto de Estrategia, basado en las aportaciones de las comunidades autónomas y el Ministerio. El texto será posteriormente analizado de nuevo en el Grupo de Trabajo para su consideración, evaluación y tramitación a los órganos que han de aprobar, en su caso, la nueva Estrategia.
Los consejeros medioambientales de Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León han aplaudido la decisión del Grupo de Trabajo porque, a su entender, “la necesidad de una estrategia nacional es y debe ser compatible con los actuales planes de gestión de las distintas comunidades autónomas”, al tiempo que insisten en los graves perjuicios que supondría la prohibición de cazar esta especie al norte del río Duero por su inclusión en el LESPRE.
Precisamente, la incompatibilidad con la ganadería extensiva es lo que más preocupa a Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León debido al grave riesgo que generaría una mayor protección del lobo ibérico para su compatibilidad y equilibrio con las explotaciones ganaderas familiares.
Los consejeros de las cuatro comunidades han afirmado que sus planes de gestión se ajustan “perfectamente a la normativa europea” y han logrado que en Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León las poblaciones de lobo hayan mejorado y ocupen nuevos territorios, además de aportar una información “fiable y continua” sobre la evolución de sus poblaciones, los daños que causan a la ganadería y la conflictividad social asociada a su gestión.
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