El Ministerio de Agricultura ha promovido una modificación de la Ley de Seguros Agrarios Combinados, por la que se establece que las aportaciones del Estado al importe global de las primas que deben abonar los agricultores al suscribir un seguro, se concederán de forma directa. Se modifica así el régimen de concurrencia competitiva que amparaba hasta la fecha la concesión de subvenciones al seguro agrario, de acuerdo con la Ley General de Subvenciones de 2003, y se reconoce para la aportación estatal al coste de las pólizas, la excepcionalidad de la concesión directa, reservada a medidas concretas de gran relevancia y muy justificadas.
La modificación de la Ley pone de manifiesto la singularidad de las subvenciones a la contratación de pólizas de seguros, al reconocer el derecho de los agricultores a este apoyo público que otorga la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) a las pólizas del Sistema de Seguros Agrarios, en el momento de suscribir una póliza.
Este reconocimiento representa un gran avance para el Sistema, ya que mejora su principal base jurídica, adecuándola a las necesidades del sector agrario. Constituye también un paso fundamental para la implementación de la política de seguros agrarios, estratégica para el Ministerio y para el mantenimiento de un sector agropecuario competitivo.
La modificación, aprobada en Consejo de Ministros, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 31 de julio y se recoge como disposición final en el marco de la Ley para la defensa de la cadena alimentaria.
SISTEMA DE SEGUROS AGRARIOS
El Sistema español de Seguros Agrarios, promovido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, es un instrumento necesario para estabilizar los ingresos de los agricultores y ganaderos y por ello se ha consolidado como una herramienta estratégica en la gestión de riesgos derivados de la climatología.
Este sistema, permite a agricultores y ganaderos poder contratar pólizas de seguros para hacer frenTe a los riesgos de origen climático, que pueden afectar la viabilidad económica de sus explotaciones, a unos precios razonables, gracias al apoyo público recibido en el momento de su contratación mediante la aportación de subvenciones por parte de ENESA y de las comunidades autónomas.
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