Este año 2015 augura cambios en la escena política española, con elecciones municipales, autonómicas y generales que podrían cambiar de forma significativa el mapa político. Por tanto, es un buen momento para que el sector agrario se incorpore a la agenda política como elemento estratégico.
Para UAGA los hombres y mujeres del campo no pueden permanecer al margen de estos procesos electorales y considera que han de estar presentes en los programas de todos los partidos políticos y en el debate electoral.
UAGA defiende el Modelo Social y Profesional de Agricultura, basado en el carácter profesional, la eficiencia y sostenibilidad de la actividad agraria, que conforman los hombres y mujeres del campo que trabajan directa y personalmente en sus explotaciones y viven de su actividad, con la finalidad de producir alimentos sanos y seguros para la población. Una característica esencial de este modelo es que genera empleo y economía real en el medio rural. El modelo social y profesional de agricultura es la base de la alimentación, además de contribuir decisivamente a la preservación del medio ambiente y la biodiversidad, así como a la gestión y ordenación del territorio.
Han pasado ya 20 años desde que fue publicada la Ley 19/95 de Modernización de las Explotaciones Agrarias, cuyo objetivo principal era conseguir explotaciones agrarias viables con una dimensión suficiente. Para ello priorizaba las figuras de agricultor profesional y explotación agraria prioritaria. Se ha conseguido uno de los principales objetivos, como es el incremento de la dimensión económica de las explotaciones agrarias, tanto a través del incremento de superficie como de la productividad, pero, desgraciadamente, ha fracasado a la hora de mejorar su viabilidad económica. Las explotaciones agrarias están atrapadas en la llamada “tijera” de precios/coste, con unos precios en origen estabilizados o a la baja y unos costes cuya tendencia es siempre creciente. Muchas de ellas sufren descapitalización y altos niveles de endeudamiento. En contrapartida muchas explotaciones y agricultores han desaparecido durante este período.
También se están viviendo importantes cambios en la cadena agroalimentaria. El agricultor se enfrenta a una pérdida de capacidad de decisión empresarial sin haber fortalecido previamente su estructura organizativa, estando sometido a una posición dominante de la industria y sobre todo, de la distribución.
En estos momentos también se está viviendo el inicio de un proceso que llevará a la introducción masiva de las nuevas tecnologías en la producción primaria (TICs, big data, posicionamiento,..). Será la próxima revolución verde y cambiará de forma radical la forma de trabajar y producir. Las explotaciones agrarias deben prepararse para una irrupción tecnológica nunca vista y hay dos aspectos críticos: el relevo generacional y la formación.
Por último, la estructura administrativa del Estado Español que otorga la competencia en materia de agricultura y ganadería a las CC.AA., se ha desarrollado de forma amplia en los últimos años a través del diseño de programas de desarrollo rural autonómicos, desapareciendo los programas plurirregionales. Este hecho hace que el Gobierno Central deba concentrar su esfuerzo en la elaboración de principios y criterios generales de actuación que preserven la igualdad de trato y oportunidades y la competencia leal.
Por todo lo anterior, UAGA cree imprescindible la renovación de la actual Ley 19/95 a través del Estatuto de la agricultura social y profesional, que debe incluir los siguientes elementos:
– Caracterización y priorización del modelo de agricultura social y profesional, a través de la evolución y actualización de la explotación prioritaria y el agricultor profesional.
– Caracterización y valoración de los “bienes públicos” que el modelo de agricultura social y profesional ofrece a la sociedad. Desarrollo del Contrato Territorial de Explotación.
– Promoción y mejora de la formación y la innovación en las explotaciones agrarias.
– Promoción de la incorporación de jóvenes y mujeres a las explotaciones agrarias.
– Reconocimiento del papel de la explotación agraria en el marco de la cadena alimentaria. Diseño de un marco de colaboración en el seno de la cadena alimentaria con funciones y derechos de los distintos eslabones. Ello debe proporcionar la adecuada seguridad jurídica.
– Creación de la figura societaria adaptada a la explotación social y profesional.
– Acceso a la tierra.
– Beneficios fiscales en relación a la transmisión de explotaciones, incremento de dimensión, transferencias de derechos de ayudas y cuotas de producción, instalación de nuevos agricultores, arrendamientos de tierras, inversiones en innovación, etc.
– Obligaciones y derechos de la explotación agraria y de su titular.
– Registros de explotaciones agrarias.
– Marco normativo y fiscal de las actividades complementarias a la actividad agraria.
– Regulación de la transformación y la venta directa por parte de las explotaciones agrarias.
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