La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha valora el encuentro mantenido ayer con el Director General de Montes y Espacios Naturales, Javier Gómez-Elvira, después de comprometerse con los agricultores y ganaderos de la región para tomar medidas de carácter urgente que terminen con la plaga que está asolando sus explotaciones, además de provocar cuantiosos daños en las infraestructuras de las vías de comunicación.
En este sentido, Gómez-Elvira movilizará a los agentes medioambientales para que delimiten con precisión las zonas afectadas en la mayor brevedad posible, de tal manera que se agilicen los permisos especiales de caza, estudiando incluso la posibilidad de declarar la superficie afectada como zona de emergencia cinegética y acelerar mucho más las gestiones burocráticas de dichos permisos.
De igual modo, tiene previsto mantener un encuentro con la Consejería de Fomento, el Ministerio de Fomento, Adif y las Confederaciones Hidrográficas de las cuencas afectadas por la plaga para trasladarles la problemática y llegar a un acuerdo a corto plazo que establezca un protocolo de intervención ágil en los cauces de los ríos y arroyos y en los márgenes de las vías de comunicación.
La Consejería de Agricultura también tiene previsto firmar un convenio con la Consejería de Fomento y el Ministerio del ramo, al que sumaría Adif y por el cual la Agricultura tendría todas las competencias en carreteras y vías de tren para el descaste y vaciado de conejos en la región. Una medida que, según la Organización Agraria llega tarde, pero que servirá para que en los años venideros la superpoblación de conejos no se convierta en plaga.
ASAJA de Castilla-La Mancha ha solicitado a la Consejería que tengan en cuenta la participación de los agricultores en materia cinegética, así como en la revisión del Decreto 10/2009, de 10 de febrero de 2009, por el que se declara el conejo de monte (Oryctolagus cuniculus) como especie cinegética de interés preferente y se aprueba el Plan General de la especie en Castilla-La Mancha. Dicha normativa establece que “en un plazo máximo de cinco años se realizará una revisión parcial del presente plan, y reelaboración del mismo en un plazo de diez años”, por lo que Agricultura, a instancias de la Organización Agraria, actualizará una normativa que se ha quedado obsoleta por basarse en estadísticas de hace más de diez años.
Finalmente, se creará una mesa de trabajo para hacer un seguimiento continuo de la problemática y valorar la eficacia de las medidas que se vayan adoptando.
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