El Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza ha dictado una nueva sentencia condenatoria por la utilización ilegal de veneno para la eliminación de fauna silvestre.
La sentencia condena a dos miembros de una sociedad de colombicultura de Valmadrid (Zaragoza) al pago cada uno de una multa de 8 euros diarios durante 24 meses por la comisión de dos delitos contra la fauna (art. 334 y 336 del Código Penal), les inhabilita para cazar durante cuatro años y les impone parte de las costas del proceso; y absuelve al tercero de los acusados.
Además, los condenados deberán indemnizar en concepto de responsabilidad civil a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con el valor de las dos águilas perdiceras, fijado en 33.015€.
Falta de conciencia ambiental del órgano judicial
Desde el proyecto Life+ VENENO, coordinado por SEO/BirdLife, se considera insuficiente la sentencia por la importancia de las aves afectadas, dos águilas perdiceras que en Aragón están catalogadas como especie “en peligro de extinción”; y porque los hechos se dieron en un espacio natural protegido (Zona de Especial de Protección para las Aves –ZEPA- y Lugar de Importancia Comunitaria –LIC-). La sentencia no reconoce suficientemente la gravedad de estas circunstancias al afirmar literalmente que únicamente procede imponer una multa porque “la pena privativa de libertad se reserva para los casos más graves o que merezcan mayor reproche penal”.
SEO/BirdLife lamenta esta percepción de algunos órganos judiciales que en algunas ocasiones no ven en los delitos contra el medio ambiente supuestos reprochables penalmente. “Uno de los mayores retos que trabajamos desde el Life+ VENENO es informar, educar y concienciar a los actores que tienen la responsabilidad de poner en valor nuestro patrimonio natural” afirma David de la Bodega, coordinador del proyecto y añade: “Aun así, esta nueva sentencia es una paso más para acabar con el uso del veneno en el campo, que tiene un componente de aceptación en la sociedad y debe convertirse en rechazo por las consecuencias que este tipo de práctica tiene sobre nuestra biodiversidad”.
El caso
Los hechos sucedieron el pasado 8 de marzo de 2011, cuando efectivos del Servicio para la Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) recuperaron los cadáveres de dos águilas-azor perdiceras envenenadas en el en el paraje de Rebollar, a escasos trescientos metros de las instalaciones de una sociedad de colombicultura, en el término municipal de Valmadrid. Las investigaciones llevadas a cabo por Seprona dieron lugar a la imputación de tres personas como presuntos autores de un delito relativo a la protección de la flora, la fauna y los animales domésticos. Dos de ellos reconocieron a los agentes y, ante el Juzgado de Instrucción, la colocación en terrenos próximos a su propiedad de cebos con venenos para ahuyentar a los zorros que merodeaban por las cercanías y amenazaban su palomar.
Uso de cebos envenenados
El uso de cebos envenenados es un método masivo, no selectivo y cruento de eliminar depredadores, que está prohibido por la legislación nacional y autonómica y aparece tipificado como delito en el Código Penal (Art. 336). El veneno en el campo supone un riesgo para la salud pública, para el medio ambiente y para nuestras mascotas.
El proyecto Life+ VENENO tiene como objetivo lograr una disminución significativa del uso de veneno en España. El proyecto, con un presupuesto de 1,6 millones de euros, de los cuales la Comisión Europea cofinancia el 40% y la Fundación Biodiversidad el 26%, se desarrolla entre 2010 y 2014.
SEO/BirdLife, el Fondo para la Conservación del Buitre Negro y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha son los beneficiarios del proyecto. Los cofinanciadores son el Cabildo de Fuerteventura, la Junta de Andalucía y el Gobierno de Cantabria. La Editorial América Ibérica colabora con el proyecto y otras doce comunidades autónomas y un cabildo participan en diferentes acciones.
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