El Cabildo de Tenerife ha trasladado a los Gobiernos central y autonómico su rechazo al nuevo convenio de libre comercio entre la Unión Europea y Marruecos, aprobado por el pleno del Parlamente Europeo el pasado día 16 de febrero, por considerar que compromete de forma clara la rentabilidad y el futuro de las explotaciones hortofrutícolas canarias, en especial las tomateras.
El acuerdo, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno Insular en una reciente reunión, reclama la modificación del convenio, especialmente en el aspecto referente a la fijación de los precios de entrada en la Unión Europea, o en el caso contrario «compensar a los productores canarios a través de un incremento de la ficha financiera del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía e Insularidad (POSEI).
Para el Cabildo, el convenio con Marruecos liberaliza la mayor parte de la huerta marroquí ya que aumenta las cuotas de entradas de productos especialmente sensibles para los agricultores, no sólo de Canarias sino también de Andalucía, Murcia o Valencia en beneficio de los productores de carne, leche, cereales y conservas europeos en sus exportaciones a Marruecos, según se recoge en el documento aprobado por la Corporación insular. Esta circunstancia, a juicio del Cabildo, «está poniendo en riesgo la supervivencia de un sector estratégico para el empleo y la creación de riqueza en Canarias como es el tomatero, del que viven directamente más de 12.000 familias y que crea miles de empleos indirectos».
En este sentido, y según el acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno, el aumento de las concesiones comerciales en frutas y hortalizas lesionan gravemente al sector hortofrutícola canario, «al no poder afrontar la competencia de los países vecinos mediterráneos, cuyas producciones soportan unos costes de producción considerablemente inferiores». Para el Cabildo sería, por tanto, necesario «condicionar la apertura de unos estándares mínimos en materia sociolaboral, ambiental y sanitaria de las producciones de terceros países».
La Corporación insular recuerda que, en en el anterior acuerdo con Marruecos, se produjeron «incumplimientos» por parte del país alauita. Por ejemplo, y según se recoge en el acuerdo, las cantidades de tomate introducidas por Marruecos en la Unión Europea en las últimas campañas «superan ampliamente» los contingentes concedidos, «sin que exista constancia de que se hayan abonado los correspondientes derechos aduaneros tradicionales ni pago alguno cuando el valor de las importanciones se encuentran por debajo del precio de la entrada, tal y como se desprende de los Informes de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
De esta manera, según el Cabildo, queda patente que no existen mecanismos eficaces de seguimiento y control del acuerdo, por lo que la renovación del convenio entre la UE y Marruecos se ha producido con unas condiciones «que siguen favoreciendo el fraude y la competencia desleal».
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