Las ayudas agroambientales, que representan 2 500 millones de euros de gastos anuales de fondos europeos, constituyen una política clave dentro de la UE, pero la duda está en si estas ayudas se han concebido y gestionado de manera correcta.
Para dar respuesta a esta pregunta, el Tribunal de Cuentas de la UE acaba de emitir un informe en el que constata que se ha avanzado mucho en los pocos más de veinte años que han transcurrido desde que se introdujo esta política de medidas agroambientales. Muchos agricultores aplican ahora prácticas que son más sostenibles de lo que hubieran sido sin ellas, no obstante, el informe del Tribunal considera que sigue habiendo margen para mejorar la concepción de la política de desarrollo rural de la UE y que hace falta más información sobre los efectos obtenidos.
El informe identifica ciertas deficiencias que se deberían mejorar y que han impedido la consecución óptima de los principales fines agroambientales, como biodiversidad, agua, cambio climático, además de mejorar el medio ambiente y el entorno rural. Las deficiencias detectadas son:
– La política no estaba concebida ni supervisada para aportar beneficios medioambientales tangibles.
– Hay problemas muy importantes en lo que respecta a la cuantía de las ayudas, que van desde fallos en su cálculo hasta una falta de diferenciación según las circunstancias regionales o locales.
– Los Estados miembros, pese a su obligación de facilitar los fondos de acuerdo con necesidades específicas, no han tomado en consideración el grado deseable de adaptación a sus necesidades con arreglo a un análisis de los costes y beneficios previstos.
– No se justificaron, desde el punto de vista de sus efectos en el medio ambiente, los elevados importes gastados en los regímenes de nivel básico en comparación con los reducidos importes destinados a los regímenes de nivel avanzado.
El Tribunal recomienda que la Comisión y los EEMM aclaren, justifiquen y comuniquen mejor las submedidas agroambientales y que la Comisión evalúe con mayor rigor los elementos clave de los programas de desarrollo rural antes de aprobarlos.
De cara al próximo período de programación, el Tribunal consideraría conveniente que la Comisión reorientara con mayor precisión el gasto agroambiental; que introdujera un porcentaje de contribución comunitaria más elevado para las medidas con mayor potencial medioambiental; que distinguiera claramente entre submedidas más sencillas y más ambiciosas y que optara porque los Estados miembros adopten una gestión más anticipativa de las ayudas agroambientales.
El texto íntegro del informe puede consultarse en el siguiente vínculo:
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