La Comisión Europea presentó ayer una propuesta de revisión de las normas obsoletas sobre la fiscalidad de los productos energéticos en la Unión Europea. Las nuevas normas tienen por objeto reestructurar la fiscalidad de esos productos para eliminar los desequilibrios actuales y tener en cuenta tanto sus emisiones de CO2 como su contenido energético. Los impuestos sobre la energía vigentes se dividirían en dos partes que, juntas, determinarían el tipo global de imposición de los productos.
La Comisión desea fomentar la eficiencia energética y el consumo de productos más respetuosos con el medio ambiente, así como prevenir las distorsiones de la competencia en el mercado único. La propuesta ayudará a los Estados miembros a replantear sus regímenes fiscales generales de forma que contribuyan al crecimiento y al empleo mediante el paso de la fiscalidad del trabajo a la fiscalidad del consumo. La Directiva revisada entraría en vigor en 2013. Unos largos períodos de transición para la plena adaptación de la fiscalidad del contenido energético, hasta 2023, dejarán a la industria el tiempo suficiente para ajustarse a la nueva estructura tributaria.
La Directiva de fiscalidad de la energía revisada permitirá a los Estados miembros utilizar de manera óptima la fiscalidad y, en última instancia, apoyar el «crecimiento sostenible». Para ello, propone que se divida el tipo mínimo de impuesto en dos partes:
• Una se basaría en las emisiones de CO2 del producto energético y se fijaría en 20 euros por tonelada de CO2.
• La otra se basaría en el contenido energético, esto es, en la energía real que genere el producto medida en gigajulios (GJ). El tipo mínimo de impuesto se fijaría en 9,6 euros/GJ en el caso de los combustibles de automoción y en 0,15 euros/GJ en el de los combustibles de calefacción. Esto se aplicaría a todos los combustibles usados en el transporte y la calefacción.
La dimensión social se tiene en cuenta al contemplarse la posibilidad de que los Estados miembros eximan completamente la energía consumida en los hogares para calefacción, independientemente del producto energético usado.
Unos largos períodos de transición para la plena adaptación de la fiscalidad del contenido energético, hasta 2023, dejarán a la industria el tiempo suficiente para ajustarse a la nueva estructura tributaria.
Ahora debatirán el Parlamento Europeo y el Consejo la propuesta y se prevé que esta entre en vigor en 2013. Si procede, el nuevo régimen fiscal se implantaría gradualmente.
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