El Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural del MARM, se ha reunido hoy en Córdoba con sus homólogos en las Comunidades Autónomas para abordar los avances en la aplicación del Primer Programa de Desarrollo Sostenible. En este encuentro se ha analizado el estado de los trabajos que se están siguiendo en cada Comunidad Autónoma para la elaboración de los Planes de Zona de los respectivos territorios rurales.
En aplicación del PDRS, casi todas las Comunidades Autónomas han firmado ya con el MARM los Protocolos Generales, sentándose las bases para la colaboración y coordinación entre ambas administraciones así como los compromisos generales de las partes para la elaboración concertada de dichos Planes.
En este sentido, las Comunidades Autónomas se encuentran actualmente en pleno proceso de elaboración de sus proyectos, para los que se ha establecido un programa de participación pública en cada zona rural, en el que están incluidos los agentes económicos, sociales y ambientales, así como las corporaciones locales de los territorios afectados.
Por otra parte, en la reunión se han estudiado los futuros hitos para continuar con la aplicación del PDRS. Así, una vez que los Planes de Zona estén finalizados y verificados por el MARM, la Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural y el Consejo para el Medio Rural deberán informar favorablemente sobre su contenido, lo que permitirá suscribir los correspondientes convenios de colaboración entre el MARM y las Comunidades Autónomas, con el objetivo de materializar los compromisos de ejecución, financiación, seguimiento y evaluación de las actuaciones previstas.
La puesta en marcha del PDRS redundará en un aumento de la calidad de vida y el bienestar social, y favorecerá la estabilización del empleo y la fijación de la población en el medio rural. Con estos objetivos, los proyectos van a incidir, entre otros aspectos, en la mejora de las infraestructuras, los servicios públicos, las tecnologías de la información, y los servicios médicos, sociales y dependientes, beneficiando a más de diez millones y medio de personas.
Para ello, durante el periodo 2011-2015 se cuenta con una previsión presupuestaria de 1.800 millones de euros, para la concertación de actuaciones de competencia autonómica, que se cofinanciarán al 50% entre la AGE y las Comunidades Autónomas. A esta cantidad hay que sumar la dotación estatal de 53,25 millones de euros para la ejecución de infraestructuras públicas que se declaren de interés general.
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