Las Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, intervino ayer en el Senado donde ha explicado la prioridad de la política agraria del Gobierno en las Reservas de las Biosfera, subrayando que, más allá de los criterios generales establecidos en la PAC, la política agraria debe encontrar en ese ámbito, un nuevo escenario de apoyo en las políticas rurales asociadas al contrato territorial de explotación, que deben poder ser generalizables en el marco de la aprobación del Programa de Desarrollo Rural Sostenible.
Este contrato, ha añadido Elena Espinosa, tiene que ser necesariamente entendido como un compromiso adicional con el territorio y desde el territorio, un nuevo modelo de uso de la tierra caracterizado por una visión integradora con el espacio donde se ubica y que, más allá de su alcance productivo, contribuya a la vertebración territorial y a la consolidación social de sus habitantes, en un contexto donde, sin olvidar la producción, se valore la conservación del paisaje, la potenciación de la vida rural agraria, el mantenimiento de las prácticas sostenibles y la custodia del territorio como patrimonio común colectivo identificador.
En esta línea, la Ministra ha valorado positivamente el trabajo realizado a través del Contrato Agrario de la Reserva de la Biosfera de Menorca, indicando que se trata de una experiencia consolidada a lo largo de varios años, y un referente para su aplicación en otros territorios.
Elena Espinosa ha incidido en el compromiso del MARM con las Reservas de la Biosfera, explicando que ya en 2009, en los Presupuestos Generales del Estado, se incluyeron dos partidas para financiar convenios con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales destinados a apoyar sus labores de gestión y coordinación en este ámbito.
En este sentido ha indicado que para propiciar una gestión coherente con las prioridades de actuación en el ámbito de las 40 Reservas de la Biosfera derivadas del Plan de Acción de Madrid 2009-2013, se elaboró un Marco Común para sus programas que fue presentado y aprobado por el Pleno Comité MaB de la UNESCO en 2009, en el que se especifica que para los convenios cuyos gestores fueran las propias CCAA, la financiación correría al 50% a cargo de la AGE y al 50% a cargo de la Comunidad Autónoma, y en el caso de Reservas gestionadas por Corporaciones Locales, la financiación sería 2/3 la AGE y el 1/3 restante la corporación correspondiente.
Así, ha señalado Elena Espinosa, en el año 2009 se han suscrito 19 convenios, con un gasto público total de 30,1 millones de euros, de ellos más de 17 millones de euros aportados por el MARM, habiéndose beneficiado de este apoyo financiero un total de 28 Reservas de la Biosfera, añadiendo que es voluntad del Gobierno mantener esta línea de apoyo con intención de alcanzar al conjunto de todas las Reservas.
Con este objetivo la Ministra ha explicado que ya se ha propuesto la adopción, por el Comité MaB Español, de un conjunto de directrices que permitan impulsar, en el contexto del desarrollo rural sostenible, la aplicación del Plan de Acción de Madrid para las Reservas de la Biosfera de la Red Mundial 2008-2013 en los espacios de la Red Española, para lo cual se ha dispuesto en 2010 una dotación de 15,5 millones de euros, similar a la de años anteriores, lo que pone de manifiesto esa voluntad de consolidación.
Además de ese esfuerzo de financiación específico para las Reservas de Biosfera, Elena Espinosa ha destacado el papel de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, recordando que la práctica totalidad de las citadas Reservas han sido incluidas dentro de las 182 zonas propuestas por las Comunidades Autónomas para la aplicación del Programa de Desarrollo Rural Sostenible.
La Ministra ha finalizado su intervención indicando que desde el MARM se considera necesario armonizar ambos instrumentos, de manera que esta doble acción sobre el territorio esté debidamente coordinada, delimitando qué actuaciones deben ser objeto de apoyo en base al carácter de Reserva de Biosfera del territorio, y cuáles otras encuentran un mejor acomodo en los planes de zona de aplicación de la ley.
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