La administración argentina recientemente ha publicado dos normativas para abordar la problemática que sufre el sector agrícola y ganadero como consecuencia de la sequía generalizada que sufre el país. Una de las legislaciones declara la Emergencia Agropecuaria, que implica el aplazamiento en el pago de los impuestos. La otra se refiere a que la emisión del documento de transporte para los granos y el ganado pasará a ser gratuita.
En relación con la emergencia agropecuaria, las provincias deberán declarar la emergencia en las mismas, o en algunas zonas, para que los ganaderos y agricultores se puedan acoger a los beneficios de la Ley. En la actualidad, once provincias de la costa atlántica y el norte argentino han declarado la emergencia en la totalidad o en parte de las mismas. Se trata de las provincias son Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero, Buenos
Aires, Santa Cruz, Chubut, San Juan, La Pampa y Formosa.
Podrán ser beneficiarios los productores que se encuentren en zonas declaradas en emergencia agropecuaria, y cuya producción o capacidad de producción esté afectada al menos en el 50%. Los beneficios serán el aplazamiento por un año del pago de varios impuestos, las moratorias en los créditos, la concesión de créditos con tasas bonificadas en un 25% y la suspensión de los juicios y procedimientos administrativos por cobros vencidos hasta después de 90 días de finalizada la emergencia.
Mientras que la normativa sobre la declaración de emergencia si ha sido muy bien acogida por el sector productor, no lo ha sido la medida sobre los documentos de transporte. Según los productores solo supone una ayuda de 44 céntimos de euro por hectárea de soja, que es irrelevante como ayuda y sólo tiene por objeto ocasionarle un perjuicio a la Federación Agraria que era la entidad que venía brindando ese servicio al productor y era una de sus principales fuentes de ingreso, según publica el Boletín Exterior del MARM.
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