Madrid, 7 de noviembre de 2008.- La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha aprobado esta semana el informe sobre la futura normativa del uso de fitosanitarios en la UE, como paso previo antes de ser debatido por el legislativo comunitario. Con las enmiendas introducidas por la Comisión de Medio Ambiente se da un paso más en la radicalización de la norma, con las graves consecuencias que esto puede deparar para la continuidad de la agricultura mediterránea.
Pese a la fuerte oposición expresada por las europarlamentarias españolas, Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez y María Sornosa, el informe ha resultado aprobado con una serie de enmiendas incluidas que resultan inasumibles para los productores europeos. Se radicalizan los criterios y el resultado no puede ser mas negativo para los intereses del agro.
En concreto, se introducen serios límites en cuanto a las aplicaciones de uso de estos productos: se prevén reducciones del 50% como mínimo respecto al uso actual que se hace en cada país y se pueden crear zonas “libres de pesticidas”; se aumenta la cantidad de criterios que impedirán la aprobación de sustancias de uso (sin basarse en una evaluación científica), con lo que se introducen también serios límites a la producción ; se suprime el sistema de zonas y, por último, se añaden obligaciones adicionales al agricultor que resultan además, excesivamente burocráticas.
En suma, una normativa tremendamente radical y absurda, que ignora cualquier criterio objetivo y científico, y que va a resultar tremendamente perjudicial para el productor. Según nuestros estudios, avalados por instituciones publicas y privadas de reconocido prestigio internacional, el efecto sobre la producción europea sería de entre un 50 y 80 % de reducción, dependiendo de las distintas hipótesis que se barajan en las propuestas, con perdidas que podrían ir hasta los 6.170 millones de euros anuales y la desaparición de hasta 95 millones de jornales, especialmente en pequeñas explotaciones hortofrutícolas, invernaderos en su mayoría, pero también en cultivos de marcado carácter social, como pueden ser el olivar, los cítricos o el algodón.
ASAJA hace un llamamiento a nuestros representantes en las instituciones comunitarias para que en los sucesivos trámites legales pendientes antes de la aprobación definitiva de esta normativa, hagan todo lo posible para que se tenga en cuenta el papel de los agricultores, cuya misión esencial es abastecer a la sociedad de productos alimentarios sanos, a precios razonables y que garanticen el desarrollo sostenible de nuestros territorios y de sus explotaciones agrarias.
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