En Granada se quedarán sin tramitar alrededor de 15.000 expedientes de solicitud de ayudas comunitarias a causa del caos burocrático generado por la mala planificación de la Administración central y autonómica en la aplicación del nuevo régimen de ayudas comunitarias del Pago Único y ante la pasividad de los responsables políticos. En las mejores circunstancias se necesitarían al menos tres meses de trabajo para dar salida a los 50.000 expedientes de solicitud de ayudas comunitarias que se solicitan en nuestra provincia y resulta que el periodo de campaña actual no llega al mes y medio, tomando como punto de inicio mediados de marzo (cuando la Junta de Andalucía suministró a las entidades colaboradoras el programa informático de gestión necesario y con sólo una parte de los derechos provisionales de ayuda asignados a los agricultores) y como fecha de finalización el 28 de abril, fecha que ya fue ampliada pero insuficiente a todos los efectos. ASAJA GRANADA denuncia este hecho y exige una nueva ampliación del plazo hasta la fecha límite que permita la UE. Con este objetivo esta organización agraria solicitó la mediación del Delegado Provincial de Agricultura, Rafael Gómez, en un escrito que le fue entregado a éste hace quince días, aunque no hemos recibido respuesta alguna por su parte.
La lista de despropósitos por parte de la Administración central y autonómica es múltiple: retraso en la publicación de la normativa nacional (el 31 de diciembre de 2005 sólo un día antes respecto de la fecha de inicio de la campaña de solicitudes, el 1 de enero, que tuvo que rectificarse luego), retraso en la publicación de la normativa autonómica, el 27 de febrero (veinticinco días desde la segunda fecha de inicio de plazo, el 1 de febrero); retraso en el envío de las comunicaciones a los agricultores y ganaderos perceptores de ayudas con la asignación provisional de sus “derechos” (comenzaron a llegar a últimos de febrero sólo una parte de ellas y en la actualidad el 40% de las mismas no han llegado todavía a sus destinatarios); retraso en la distribución del programa informático de gestión a las entidades colaboradoras, facilitado a éstas ya a mediados de marzo (el 10 de marzo finalizaba según las primeras previsiones la campaña pero en esa fecha no se había podido tramitar ni un solo expediente por todas estas circunstancias descritas); falta de operatividad del programa informático suministrado; múltiples inexactitudes en los datos que la Junta de Andalucía maneja (parcelas, asignación de derechos…) -que dan lugar a posteriores alegaciones para su corrección- o la repetición innecesaria del proceso de primeras alegaciones presentadas en agosto del pasado año.
Por mucho menos, el Comité responsable de Asuntos Rurales de la Cámara de los Comunes en Inglaterra, llamó la atención del Ministerio y del Gobierno considerando que había infravalorado la complejidad administrativa del modelo de aplicación del Pago Único y le instó a hacer una declaración de intenciones exigiendo que adoptara medidas adicionales para que ningún agricultor tuviera que abandonar su actividad como consecuencia de los retrasos de los pagos. Pero en España nadie se mueve, y mientras, nuestra Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, se pasea amablemente por el Senado y declara que su Ministerio “ha cumplido todas sus obligaciones” y ha coordinado y colaborado con las Comunidades Autónomas “de manera satisfactoria”, aunque haya fallado en todo.
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