El Parlamento de La Rioja tramita una proposición de ley para modificar la Ley de la Cadena Alimentaria. En ese marco, el secretario general de ARAG-ASAJA, Igor Fonseca, ha comparecido en la comisión de Agricultura, donde ha reclamado sanciones más severas para los operadores que incumplan la norma, multas más duras y un castigo específico para la reincidencia. La organización sostiene que la ley debe velar de forma efectiva por la rentabilidad de los agricultores.
¿Y si incumplir dejara de compensar?
Entre las propuestas de ARAG-ASAJA figura que el beneficio obtenido con la infracción nunca sea superior al importe de la sanción, de modo que incumplir la ley no resulte rentable. La organización también demanda incorporar mecanismos de compensación para los productores perjudicados, que incluyan, cuando corresponda, el lucro cesante y los intereses de demora.
En la misma línea, Fonseca ha planteado que no se concedan ayudas públicas a los operadores sancionados de forma firme por incumplimientos graves o muy graves. «Consideramos necesario también que no se concedan ayudas públicas a las operadoras que hayan incumplido la ley de forma grave o muy grave con sanción firme», ha señalado. Ha pedido además que los contratos se formalicen obligatoriamente con una antelación mínima a la entrega de los productos primarios.
Para el secretario general, la reforma es una oportunidad para que la ley proteja el valor de los productos agrarios y la viabilidad y rentabilidad de las explotaciones, condiciones que considera necesarias para favorecer el relevo generacional en un sector que, ha dicho, atraviesa serias dificultades.
Explotaciones prioritarias y el peso de los años
La comisión ha abordado también la modificación de la Ley 19/1995, de Modernización de las Explotaciones Agrarias. Fonseca ha defendido que la norma incorpore medidas que hagan más atractiva la incorporación de jóvenes, no solo con ayudas económicas, sino con un marco normativo que facilite la continuidad y la transmisión de las explotaciones.
Sin perjuicio de esas medidas, ha propuesto modificar la regulación de las Explotaciones Agrarias Prioritarias para que un agricultor profesional conserve esta condición mientras siga ejerciendo la actividad, aunque haya alcanzado la edad ordinaria de jubilación.
«También consideramos esencial que se evite la pérdida automática de la condición de Explotación Agraria Prioritaria por razón de edad, teniendo en cuenta que la media de edad del sector es superior a los 60 años, siempre que el titular continúe cumpliendo los restantes requisitos establecidos legalmente», ha indicado.
Deja un comentario