La Comisión Europea ha adoptado una propuesta de nuevo Reglamento para modernizar el marco de contratación pública de la Unión Europea, dentro de una reforma general que reducirá de cinco a tres los procedimientos disponibles y que la Comisión calcula que generará un ahorro administrativo de 650 millones de euros al año. Entre sus disposiciones, la propuesta incorpora criterios con incidencia directa en la compra pública de alimentos —colegios, hospitales, residencias— que Unión de Uniones ya ha valorado como un avance insuficiente.
La calidad pesará al menos el 30%
El texto convierte la mejor relación calidad-precio en el método estándar de adjudicación, con los criterios de calidad pesando al menos un 30% —el 50% en contratos con alto componente de mano de obra—, bajo un mecanismo de «cumplir o explicar» que permite a los poderes adjudicadores apartarse de ese enfoque si justifican la calidad por otra vía. Los compradores públicos deberán tener en cuenta de forma sistemática, además del precio, aspectos medioambientales, sociales, de innovación y el principio de preferencia europea, aunque conservarán plena discrecionalidad para decidir qué criterios aplicar y en qué proporción en cada procedimiento.
Entre esos criterios de calidad, la propuesta incluye expresamente la equidad y transparencia de la cadena alimentaria, la remuneración justa para agricultores y ganaderos, la organización de la cadena de suministro, la producción ecológica, las figuras de calidad e indicaciones geográficas, la frescura y estacionalidad, el valor nutricional y el bienestar animal. Son, precisamente, los criterios que Unión de Uniones señala como de mayor valor estratégico para el sector, y cuyo carácter voluntario —y no obligatorio— es lo que la organización reprocha a la propuesta: nada impide ya a los Estados miembros aplicarlos, como demuestra el Real Decreto 315/2025, que en España pondera la proximidad, las producciones de temporada o las ecológicas en la nutrición sostenible de los colegios; lo que reclama la organización es que ese margen deje de ser una opción y se convierta en obligación.
Preferencia europea, dentro de los compromisos internacionales
El Reglamento introduce además un marco horizontal de preferencia europea, alineado con los compromisos jurídicos internacionales de la Unión, que aclara qué operadores y productos quedan cubiertos por esa protección. La Comisión podrá restringir ese acceso cuando un tercer país no ofrezca a los operadores europeos un acceso equitativo a su mercado o cuando sea necesario para evitar dependencias en la seguridad del suministro. Para Unión de Uniones, sin embargo, esa preferencia sigue sin ser obligatoria y podría alcanzar también a productos de terceros países cubiertos por compromisos internacionales de contratación pública de la UE, lo que dejaría a Mercosur, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Ucrania y Chile, entre otros, en condiciones similares a las de los productores europeos, con la posibilidad de que en el futuro se sume Marruecos si el Acuerdo de Asociación avanza hacia la liberalización recíproca de la contratación pública.
«Europa realiza cada año un gasto de cientos de miles de millones de euros a través de la contratación pública. Este dinero debe aprovecharse mejor en beneficio de Europa (…) estamos tomando una decisión política clara: el dinero público europeo debe, siempre que sea posible, crear empleo, inversión y oportunidades en Europa en lugar de rellenar las carteras de pedidos de nuestros competidores», ha declarado Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo para la Prosperidad y la Estrategia Industrial.
El Reglamento propuesto deberá ser negociado por el Parlamento Europeo y el Consejo antes de su adopción y entrada en vigor. En el debate celebrado el lunes en la Eurocámara, la propia Comisión insistió en la necesidad de reforzar jurídicamente las cláusulas de preferencia europea, un punto que Unión de Uniones considera todavía abierto a discusión durante la tramitación y para el que trabajará en proponer su carácter obligatorio.
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