La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León prohibió el pasado 28 de julio el uso de maquinaria agrícola y forestal en Castilla y León ante la alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales declarada hasta el 31 de julio. ASAJA Soria ha denunciado que la medida, aplicada por primera vez esta campaña en la provincia, impone una carga desproporcionada a los agricultores en un año ya de pérdidas para el sector, y aconseja a los afectados reunir pruebas de cara a posibles reclamaciones patrimoniales.
La restricción afecta a la cosecha y el empacado de forraje o cereal en secano, así como al uso de skidders, procesadoras y desbrozadoras, entre las 12:00 y las 20:00 horas, en terrenos situados a menos de 400 metros de superficie forestal. Para la organización agraria, es la complicada situación de los incendios en España, en especial el de Ávila, que ha obligado a desplazar buena parte de los medios de extinción disponibles, lo que ha llevado a la administración regional a endurecer las restricciones en la provincia.
ASAJA Soria recuerda que estas medidas preventivas se enmarcan en la normativa que la Consejería modificó tras perder un litigio en el Tribunal Superior de Justicia, precisamente frente a la propia organización, cuya legalidad vuelve ahora a valorar de cara a posibles acciones.
Una prohibición generalizada donde antes bastaba con vigilar
La entidad sostiene que la Consejería, pese a prever también tormentas con posibilidad de pedrisco fuerte los días 29 y 31 de julio, ha optado por sustituir la recomendación de parar en las horas centrales y la confianza en la regla 30/30 por una prohibición generalizada. A su juicio, las «aguadas» propias de las madrugadas de estas fechas impiden además aprovechar las primeras horas del día para cosechar, lo que convierte la restricción en una prohibición prácticamente total.
Ante este escenario, ASAJA Soria anima a los agricultores afectados a reunir pruebas del daño sufrido por el cumplimiento de la prohibición: imágenes geoposicionadas de las parcelas antes y después del daño, documentos de manutención o alojamiento de la prestadora del servicio de cosecha, testigos o declaraciones ante la Guardia Civil que acrediten que la recolección estaba prevista o en marcha. Aunque el principio general de este tipo de reclamaciones exige que el daño sea individual, la organización plantea apoyar una actuación colectiva para canalizar las demandas.
La organización considera que la prohibición vulnera el principio de igualdad ante las cargas públicas, al hacer recaer sobre un colectivo concreto un perjuicio que, a su juicio, excede lo que razonablemente puede soportar. ASAJA Soria advierte además de que este tipo de resoluciones puede dejar sin efecto los seguros de responsabilidad civil de los agricultores afectados.
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