El Gabinete neerlandés ha presentado un paquete de medidas para reactivar el proceso de concesión de permisos ambientales, bloqueado durante años por conflictos regulatorios sobre emisiones de nitrógeno. El plan, dotado con 20.000 millones de euros, introduce estándares de emisión a nivel de explotación, inversiones en restauración de naturaleza e incentivos para la agricultura extensiva, con el objetivo de romper el estancamiento regulatorio que paralizaba la construcción y el sector agrario.
Estándares de nitrógeno vinculantes hasta 2035
El gobierno fija límites de emisiones que los propios agricultores deberán gestionar utilizando mejores técnicas disponibles. Para la producción lechera, el estándar se establece en 0,164 kilogramos de amoníaco por derecho de fosfato para 2035. Para avicultura, ganadería porcina y terneros, la implementación comienza a principios de 2027. Los estándares se basan en lo que los productores pueden lograr de forma realista mediante ajustes en establos o alimentación. Quienes hayan realizado avances significativos en años anteriores verán reflejados esos esfuerzos en las normas fijadas.
El resto de la reducción de emisiones se abordará mediante reducción de aplicación de estiércol, extensificación de producción, venta voluntaria de animales y limitación de derechos ganaderos en transferencias. Se destinarán 2.000 millones de euros a modificaciones en establos y piensos. Además, el Consejo de Ministros introduce una norma territorial de 2,6 unidades ganaderas por hectárea para garantizar la sostenibilidad del sector lácteo a largo plazo, mediante acuerdos de cooperación con agricultores de cultivos extensivos.
Se establecerán zonas de protección de 500 a 1.000 metros alrededor de aproximadamente 100 áreas naturales sensibles al nitrógeno, con medidas adicionales en las principales empresas contaminantes de esas áreas. El gobierno destina 9.000 millones de euros a un paquete de apoyo para agricultores que incluye revaluación de tierras, planes de extensificación y ayudas para la transición a agricultura ecológica. Se invierte también en restauración y gestión de naturaleza con 2.200 millones de euros, de los que 100 millones se aplicarán ya en 2026 para proyectos concretos.
Industria y movilidad deberán reducir emisiones de nitrógeno un 50 % para 2035. El gobierno destina 250 millones de euros a medidas específicas contra el nitrógeno en estos sectores, incluyendo zonificación industrial, construcción más sostenible y ampliación del régimen de limitación de emisiones de amoníaco. El Gabinete también acuerda con supermercados y procesadores el incremento estructural de demanda de alimentos ecológicos, con obligaciones legales si no se alcanzan compromisos antes del 1 de abril de 2027.
El Gabinete enviará la propuesta legislativa sobre nuevos objetivos de nitrógeno a la Cámara de Representantes en octubre. Se introduce un límite inferior actuarial para actividades con deposición de nitrógeno muy limitada, que dejarán de requerir permiso, facilitando proyectos en construcción de viviendas, transición energética e infraestructura.
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