La Consejería de Agricultura ha acordado con las organizaciones agrarias y cooperativas las bases de las ayudas excepcionales para el cultivo del almendro en cuatro provincias andaluzas, condicionadas a una pérdida productiva mínima del 30 %.
El consejero de Agricultura en funciones, Ramón Fernández-Pacheco, presidió ayer la Mesa de Interlocución Agraria, donde detalló que el presupuesto de esta línea de apoyo rondará los 10 M€. Estas subvenciones, enmarcadas en los fondos de emergencia activados tras los últimos temporales, diferenciarán entre explotaciones de secano, regadío y producción ecológica con el fin de ajustar los pagos a las pérdidas reales sufridas en las provincias de Almería, Granada, Málaga y Jaén.
Durante el encuentro también se analizó el estado de las actuaciones de emergencia generales. Según los datos aportados por la administración autonómica, ya se han adjudicado obras por valor de 67,6 M€ para la reparación de caminos rurales, a los que se suman 14,5 M€ dirigidos a infraestructuras de comunidades de regantes. Asimismo, se están ejecutando trabajos de adecuación en cauces por 98,3 M€ y reparaciones de infraestructuras hidráulicas por 37,7 M€.
El relevo generacional y el futuro modelo europeo
Otro de los ejes abordados en la reunión fue la incorporación de jóvenes al sector primario. La Junta prevé la entrada de más de 2.450 profesionales a través de una partida específica de 130 M€. Esta cifra eleva a 343 M€ los fondos destinados al relevo generacional en la comunidad durante los últimos siete años y medio, facilitando el acceso de unos 5.640 nuevos titulares de explotación.
En el plano institucional, la mesa de interlocución sirvió para fijar una posición conjunta ante el diseño de la Política Agraria Común (PAC) 2028-2034. El Gobierno andaluz y los representantes del sector exigen al Ministerio de Agricultura una defensa firme en Bruselas para evitar recortes presupuestarios y mantener el esquema actual. La entidad rechaza la desaparición de los fondos específicos y reclama consolidar un modelo basado en dos pilares, donde las comunidades autónomas conserven la capacidad de diseñar las estrategias de desarrollo territorial.
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