El Grupo de Contacto de Manzana y Pera, formado por representantes de España, Francia e Italia, ha mostrado su firme oposición a la propuesta del Consejo sobre el Reglamento Ómnibus, al considerar que endurece las restricciones de sanidad vegetal y amenaza la viabilidad de las explotaciones comunitarias.
Durante su reciente encuentro en Saluzzo (Italia), las delegaciones productoras y comerciales —entre las que se encuentra Fepex y Cooperativas Agro-alimentarias— advirtieron sobre la creciente dificultad para controlar plagas por la pérdida de materias activas. El sector considera que el texto impulsado por la presidencia chipriota no responde a sus necesidades y exige procedimientos de autorización más rápidos, aprobaciones zonales automáticas, reconocimiento mutuo entre Estados miembros e impulso al uso de drones. Por ello, instaron a sus respectivos gobiernos a votar en contra de la normativa en el Coreper.
En materia de comercio internacional, el colectivo subrayó que los acuerdos de la Unión Europea pierden valor si no incluyen protocolos fitosanitarios efectivos, lo que mantiene bloqueados mercados clave como China o Japón. Asimismo, reclamaron mayor coordinación comunitaria para la apertura de terceros países y mostraron su preocupación por el impacto de los conflictos en Oriente Medio, que han encarecido la logística y los fertilizantes mientras merman el poder adquisitivo del consumidor europeo.
El lastre de las auditorías privadas y el desplome del consumo
El balance de la última campaña refleja realidades distintas en el sur de Europa. Mientras Italia incrementó sus exportaciones un 22 % y Francia registró una elevada producción de manzana con fuerte presión sobre los precios, España alcanzó las 500.000 t de manzana y 246.000 t de pera. Las organizaciones españolas alertaron sobre la merma de productividad provocada por el fuego bacteriano y la alarmante caída del consumo de pera, que se ha reducido un 46 % en los últimos diecisiete años.
Por último, los productores denunciaron la proliferación de certificaciones privadas exigidas por la gran distribución. El grupo criticó la duplicidad de auditorías y el aumento de costes sin retorno económico para el agricultor, reclamando una simplificación de los esquemas y una verdadera armonización legislativa en Europa que permita competir en igualdad de condiciones.
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