La organización agraria ASAJA Castilla y León ha presentado sus alegaciones al documento base de la Confederación Hidrográfica del Duero para el próximo ciclo de planificación, reclamando una expansión de la superficie regable y el fin de los retrasos administrativos.
El diseño del próximo marco normativo en una cuenca de esta envergadura constituye una política agraria vital, según ha defendido ASAJA Castilla y León. La entidad subraya que el nuevo texto para el periodo comprendido entre 2027 y 2034 debe nacer del acuerdo entre todas las administraciones y usuarios afectados, con el objetivo de evitar la imposición por decreto que caracterizó al plan vigente y que motivó el rechazo mayoritario en el Consejo del Agua.
Uno de los ejes centrales del documento de alegaciones aborda el déficit de hectáreas de riego. El colectivo agrario solicita un incremento de estas áreas hasta igualar la media nacional, pasando del actual 15 % de la superficie agraria útil autonómica a un 23 %. Para materializar esta expansión, consideran imprescindible aumentar la capacidad de almacenamiento mediante la creación de nuevos pantanos o infraestructuras alternativas.
A la par, el sindicato exige que se contemple la modernización de la totalidad de las superficies pendientes para optimizar los recursos hídricos, instando tanto al Estado como a la Junta de Castilla y León a dotar las partidas presupuestarias necesarias. También piden blindar la seguridad jurídica de las concesiones de riego subterráneo que caducan a lo largo de la próxima década y eliminar cualquier obstáculo que limite el suministro a las instalaciones ganaderas.
Un tapón en los despachos y en el río
En el plano medioambiental, la organización cuestiona los criterios aplicados por la administración para fijar los caudales ecológicos, al considerar que penalizan de forma desproporcionada a la agricultura. Sobre la calidad de las masas de agua, el sector recuerda que la actividad primaria no es la única responsable de su deterioro y apuesta por implementar códigos de buenas prácticas que resulten viables y no asfixien la rentabilidad de las explotaciones.
Finalmente, las alegaciones plasman la rotunda oposición de la entidad a los proyectos que implican la eliminación de obras e infraestructuras en los cauces, exigiendo limpiezas periódicas para prevenir daños por inundaciones. Todo ello acompañado de una dura crítica hacia la burocracia de la confederación hidrográfica, a la que acusan de someter a los regantes a procedimientos farragosos y retrasos injustificados en la resolución de sus expedientes.
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