Las recientes restricciones al uso de maquinaria agrícola durante la campaña estival han provocado el rechazo del sector cerealista regional. La organización agraria ASAJA CLM ha instado a la Administración autonómica a modificar la normativa de prevención de incendios, al considerar que penaliza económicamente a los productores y dificulta las labores de recolección.
La polémica surge tras la publicación de la Orden 76/2026 de la Viceconsejería de Medio Ambiente, que regula los usos del fuego y las actividades de riesgo en el medio natural. Para la entidad, estas imposiciones suponen un incremento de los costes por hectárea y una merma de rentabilidad, encareciendo un proceso ya de por sí complejo por la actual coyuntura del mercado.
Desde la presidencia autonómica de la organización, se ha defendido el papel de los agricultores como colaboradores activos en la conservación del medio rural. En este sentido, rechazan lo que consideran una criminalización sistemática frente a los accidentes fortuitos y exigen que la normativa no enfrente al sistema productivo con la protección forestal.
El foco sobre la maquinaria pesada
Ante esta situación, la directiva ha planteado tres modificaciones fundamentales sobre el texto legal recién aprobado. La principal reivindicación es la exclusión directa de las cosechadoras del ámbito de aplicación de la orden, argumentando que su actividad es incompatible con las paradas o limitaciones horarias impuestas.
Además, solicitan ampliar la superficie forestal de referencia que activa las restricciones. El objetivo es pasar de las cinco hectáreas contempladas actualmente a un mínimo de cien hectáreas de vegetación continua, igualando así el criterio operativo al que ya aplican otras comunidades autónomas como Aragón.
Finalmente, la organización exige la eliminación inmediata de la figura de la declaración responsable que introduce la normativa, advirtiendo de que el sector productor no participará en su tramitación ni asumirá esa carga burocrática adicional.
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