La campaña arrocera en el parque natural de La Albufera arranca con un incremento de costes que la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) califica de histórico. El encarecimiento del gasóleo y los fertilizantes, sumado a la caída de precios en origen y las mermas por plagas, ha elevado los gastos de producción del sector en tres millones de euros respecto al ejercicio anterior.
La factura para los productores ha experimentado una subida media del 7%. Según los datos de la entidad, el combustible agrícola prácticamente ha duplicado su valor desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo, lo que supone un gasto de entre 200 y 300 euros diarios por explotación durante las labores de preparación del terreno. Paralelamente, los abonos registran incrementos superiores al 33%, con la tonelada de urea pasando de los 350 a rozar los 900 euros, una escalada que la organización vincula tanto a la coyuntura internacional como a la imposición de aranceles europeos y la reducción de fabricantes nacionales.
Esta presión inflacionista coincide con una grave pérdida de rentabilidad. Durante el último año, las cotizaciones en el campo han caído un 30%, mientras que la producción media se ha desplomado un 20%. En variedades tradicionales como Bomba, Albufera o J-Sendra, los daños por el hongo de la piricularia han provocado pérdidas de hasta el 80%. Ante este escenario, el colectivo denuncia la falta de materias activas autorizadas en España para combatir la enfermedad, una limitación normativa que contrasta con los permisos excepcionales concedidos a sus competidores directos en Italia y Grecia.
La sombra de la normativa comunitaria
Para garantizar la viabilidad del cultivo en La Albufera y el marjal Pego-Oliva, AVA-ASAJA urge al Gobierno central a agilizar el pago de las ayudas pendientes para el gasóleo y la fertilización. En la esfera comunitaria, los productores reclaman la suspensión inmediata del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) aplicado a los insumos y una revisión profunda del Sistema de Comercio de Derechos de Emisión (ETS).
Las estimaciones del Copa-Cogeca apuntan a que el mecanismo de ajuste fronterizo impondrá un recargo directo al sector primario de 820 millones de euros durante 2026, una cifra que podría dispararse hasta los 3.400 millones en 2034. La organización agraria responsabiliza de esta carga financiera a la actual vicepresidenta de la Comisión Europea con competencias climáticas, Teresa Ribera, por impulsar legislaciones que encarecen la base productiva.
Para exigir un cambio de rumbo en estas políticas, el próximo 19 de mayo ASAJA participará en una protesta en Estrasburgo, coincidiendo con la presentación del Plan de Acción sobre Fertilizantes del Ejecutivo comunitario. Durante la movilización, el sector advertirá de que el mantenimiento de estos costes de producción terminará trasladándose de forma irremediable al precio de la cesta de la compra.
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