El encarecimiento del gasóleo agrícola y los fertilizantes, agravado por la inestabilidad internacional, ha generado un sobrecoste estimado de 56,53 M€ para el sector agrario en Extremadura. Ante esta coyuntura, La Unión ha instado a la Consejería de Agricultura a convocar de urgencia a los representantes del sector para articular medidas de apoyo de carácter autonómico.
La organización atribuye esta escalada de los costes de producción a las consecuencias de los actuales conflictos bélicos y a perturbaciones logísticas como el cierre del estrecho de Ormuz. A estos factores de mercado suman la ausencia de mecanismos de compensación tras los daños provocados por las recientes borrascas, una carencia que vinculan al prolongado periodo de paralización institucional que ha atravesado la región.
Desde la entidad advierten que asumir esta estructura de gastos resulta inviable para muchas explotaciones, lo que eleva el riesgo de que numerosas parcelas se queden sin sembrar en la presente campaña. Asimismo, recalcan la imposibilidad de trasladar este incremento al precio final de venta, ya que gran parte de las producciones estaba sujeta a contratos cerrados antes del estallido de la guerra o depende estrictamente de las cotizaciones de los mercados internacionales.
El precedente de las ayudas autonómicas
Con el nuevo Gobierno regional ya constituido, el colectivo agrario exige poner fin a los siete meses de inactividad administrativa que, a su juicio, han penalizado al campo extremeño. En este sentido, han reclamado formalmente al titular de Agricultura, Juan José García, la apertura inmediata de un proceso de negociación orientado a la aprobación de un paquete de medidas paliativas.
Para respaldar su petición, la asociación subraya que, al margen de los planes de contingencia que pueda diseñar la Administración central, diversas comunidades autónomas ya están movilizando líneas presupuestarias propias para inyectar liquidez en el sector primario. Por ello, instan a la Junta de Extremadura a seguir esa misma vía y evitar que los productores de la región pierdan competitividad frente a otros territorios.
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